El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó reparos al proyecto que busca agravar las penas por falsas denuncias y cuestionó que la discusión legislativa se apoye en la repercusión pública de algunos casos o en la idea de que el fenómeno tiene una magnitud mayor a la que muestran los datos

La presidenta de la institución, Alejandra García, sostuvo que cualquier cambio en el Código Penal debe partir de evidencia concreta que demuestre que la normativa vigente resulta insuficiente y que la nueva respuesta es realmente necesaria

Una figura que ya existe en el Código Penal

García recordó que la falsa denuncia ya está contemplada y sancionada en el artículo 245 del Código Penal. También planteó objeciones a la redacción del proyecto, al señalar que utiliza expresiones imprecisas, como la referencia a “hechos delictivos dolosos graves”, sin fijar criterios objetivos para delimitar su alcance

En ese punto, remarcó que la precisión en la descripción de las conductas no es solo una cuestión técnica, sino una garantía vinculada con el principio de legalidad

Un debate en el Senado

El pronunciamiento se inscribe en el tratamiento parlamentario de la iniciativa impulsada por Carolina Losada y otros legisladores, que obtuvo dictamen favorable en abril en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado

El texto propone cambios en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento, y suma agravantes cuando esos delitos se cometan en causas vinculadas con violencia de género, violencia familiar contra menores de edad o delitos contra la integridad sexual

Durante el debate en comisión, los apoyos más firmes llegaron de la propia Losada, además de Luis Juez y Juan Carlos Pagotto

Los datos que citó la entidad

Para sostener su posición, el CPACF recurrió al Relevamiento Federal sobre Falsas Denuncias elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos. Ese informe indicó que las falsas denuncias representaron el 0,09% de 8.254.672 investigaciones penales tramitadas entre 2023 y 2025 en diecisiete jurisdicciones del país

Del total identificado, apenas el 8% estuvo vinculado con hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar

García afirmó que esos números no niegan la existencia del problema, pero sí muestran que se trata de un fenómeno excepcional y que no justifica, a su criterio, una reforma penal de este tipo

El riesgo de desalentar denuncias

La entidad también citó la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, según la cual solo el 21% de las mujeres que sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja hizo una denuncia

Para la titular del colegio, ese dato exige cautela frente a cualquier modificación legal que pueda desalentar el acceso a la Justicia. Señaló además que el principal problema sigue siendo el subregistro de estos hechos

García diferenció una denuncia falsa de una causa que termina sin condena. Aclaró que no toda denuncia sobreseída o resuelta con absolución es necesariamente falsa y advirtió que confundir ambos planos puede llevar a conclusiones erróneas y desalentar denuncias legítimas

“Cuando una reforma penal no se apoya en un diagnóstico sólido, el riesgo es que el remedio termine agravando el problema”, concluyó