El Reino Unido respondió al discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas con una reafirmación de su posición sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur

La delegación británica sostuvo que cualquier eventual diálogo sobre la soberanía debe contar con la aprobación de los habitantes de las islas. La declaración fue difundida a través de la red social X

Horas antes, el presidente argentino había convocado a Londres a retomar las conversaciones para alcanzar una solución pacífica sobre la disputa territorial

Londres apeló al principio de autodeterminación

El gobierno británico afirmó que su postura se basa en el derecho de los isleños a decidir su futuro político, un argumento que utiliza para rechazar el reclamo argentino. Según Londres, ese principio está contemplado en la Carta de las Naciones Unidas y en tratados internacionales sobre derechos humanos

La declaración también cuestionó la estrategia diplomática de la Argentina. Señaló que Buenos Aires desconoce la aplicación de la autodeterminación a los habitantes de las islas y utiliza foros internacionales para sostener su reclamo de soberanía

Como respaldo de su posición, el Reino Unido mencionó el referéndum celebrado en 2013. De acuerdo con los datos citados en el documento, la participación alcanzó el 92% y el 99,8% de los votantes optó por conservar el vínculo de las islas como territorio autónomo británico

En ese sentido, Londres sostuvo que no debería abrirse una negociación sobre la soberanía si los habitantes de las Malvinas no expresan su voluntad de hacerlo

La disputa por el petróleo y las sanciones

La respuesta británica también abordó el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas. Durante su discurso ante la ONU, Milei había cuestionado la iniciativa y denunciado que opera con licencias británicas que la Argentina considera ilegales e ilegítimas

Londres defendió la explotación de hidrocarburos y la definió como una actividad comercial legítima, regulada por las autoridades del territorio y desarrollada bajo las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar

Además, afirmó que la legislación argentina no tiene aplicación en las islas y rechazó la interpretación de Buenos Aires sobre las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. Según el Reino Unido, esas normas no impiden el desarrollo económico ni afectan el derecho de los isleños a definir su estatus político

Por último, el gobierno británico cuestionó las penalizaciones anunciadas por la Argentina contra empresas que operan en la zona. Las calificó como medidas destinadas a dificultar la actividad de compañías internacionales y como un uso extraterritorial de la jurisdicción argentina que, a su criterio, no encuentra respaldo en el derecho internacional y contradice los principios del libre comercio