Alberto Amaro escuchó dos disparos mientras estaba en su casa, en Tlaxcala. Su hijo, que jugaba en el jardín, corrió hacia el interior. Cuando Amaro llegó a la puerta, vio a dos hombres armados alejándose

El periodista informó el ataque y pidió medidas de emergencia al mecanismo federal encargado de proteger a comunicadores y defensores de derechos humanos. Pasaron más de 48 horas sin respuesta. Finalmente, recurrió a la Justicia y obtuvo una orden para proteger a su familia

El programa fue creado en 2012 para asistir a personas amenazadas por su trabajo. Sin embargo, ocho periodistas fueron asesinados entre 2017 y 2022 mientras estaban incorporados al mecanismo

Protección condicionada a nuevas amenazas

Amaro ingresó al programa en 2019, después de fundar un medio digital. Desde entonces enfrentó más de 30 episodios violentos o intimidatorios, entre ellos amenazas de muerte, detenciones, disparos y hostigamiento vinculados con sus investigaciones sobre policías, funcionarios y crimen organizado

En 2023 fue considerado de alto riesgo y recibió custodios tras denunciar amenazas directas de un alcalde. Más tarde, las autoridades intentaron retirar la protección aunque reconocían que el nivel de riesgo continuaba siendo alto. Un juez ordenó una evaluación integral

Luego de pasar un año en España con su familia, otra evaluación mantuvo la calificación de alto riesgo para Amaro, pero no para sus familiares. En 2025 se intentó retirar los custodios de la familia y se restringieron algunos de sus movimientos. Amaro volvió a recurrir a la Justicia y ganó

Familias desplazadas y equipos que fallan

Priscila Pacheco lleva más de una década reclamando protección desde que su padre, el periodista Francisco Pacheco, fue asesinado frente a su casa en Taxco, Guerrero, en 2016. Tras nuevas amenazas, ella, su madre y sus dos hermanos abandonaron la vivienda y la imprenta familiar. Siguen desplazados y el crimen permanece sin resolver

Se estima que el 98% de los homicidios de periodistas queda impune. Pacheco trabaja en un mecanismo estatal de protección, pero afirma que el programa federal le negó seguridad personal por ser empleada pública

Las medidas para su familia son inestables: el botón de pánico no siempre funciona, las cámaras, cerraduras y luces de la vivienda no reciben mantenimiento adecuado y las patrullas suelen omitirse o realizarse solo después de un pedido escrito. En cada revisión anual, Pacheco debe solicitar que no retiren la protección restante

El dilema entre esconderse y seguir informando

Jonathan Cuevas pasó tres años fuera de su casa en Iguala, Guerrero, por amenazas relacionadas con sus coberturas sobre crimen organizado y funcionarios locales. En 2020 fue trasladado a una casa segura en Ciudad de México y luego pasó por otros dos lugares de resguardo

Regresó en 2023 después de una tregua entre dos grupos criminales rivales. Poco después, dos personas le advirtieron que dejara de publicar sobre la fiscalía local y lo amenazaron de muerte. Cuevas terminó abandonando esas investigaciones

El periodista afirma que el botón de pánico no sirve en zonas sin señal celular, donde suele trabajar, y que las patrullas son irregulares. También rechazó custodios porque considera que desplazarse con hombres armados podría convertirlo en un blanco más visible

El desplazamiento puede ofrecer mayor seguridad, pero separa a los periodistas de sus familias, comunidades y fuentes. Para Cuevas, el desafío es poder continuar trabajando sin quedar confinado en una casa segura

Un mecanismo reactivo

El sistema enfrenta demoras burocráticas, falta de personal y evaluaciones de riesgo tardías. Las medidas pueden resultar inadecuadas, y algunas protecciones son retiradas pese a que persisten las amenazas

El enfoque actual suele activarse después de un ataque o una intimidación. La protección efectiva debería reducir los riesgos, prevenir nuevas agresiones y permitir que los periodistas continúen trabajando con libertad y seguridad

En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el mecanismo podría recibir más fondos si fueran necesarios. Mientras tanto, Amaro continúa con dos custodios permanentes y asegura que no se siente a salvo. En una llamada reciente, un desconocido que dijo ser un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación le advirtió que cuidara lo que escribía