El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) comenzó a aplicar una nueva guía para evaluar si una persona que solicita la green card mediante un ajuste de estatus podría convertirse en una carga pública

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el cambio el 16 de julio. La norma fue publicada en el Registro Federal el 20 de julio y entró en vigor el 18 de septiembre

La medida se aplica a los formularios I-485

El nuevo criterio alcanza a los formularios I-485, utilizados para solicitar el ajuste del estatus migratorio. Según la actualización, el análisis busca determinar si el solicitante podría depender de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes

Como regla general, las personas que solicitan la residencia permanente mediante un ajuste de estatus están sujetas a esta causal de inadmisibilidad, salvo que pertenezcan a una categoría exceptuada por la legislación

Quiénes pueden quedar exceptuados

La actualización elimina de las regulaciones federales la lista de exenciones incorporada en 2022. Sin embargo, se mantienen las categorías que el Congreso excluyó directamente de la causal de carga pública

Entre quienes pueden quedar sujetos a la evaluación se encuentran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, trabajadores, inversionistas, trabajadores religiosos, ciertos empleados o exempleados del gobierno estadounidense en el extranjero, inmigrantes admitidos mediante visas de diversidad y determinados testigos o informantes extranjeros

También permanecen fuera de esta causal

  • Asilados y refugiados.
  • Determinados intérpretes afganos e iraquíes y ciertos nacionales de esos países empleados por el gobierno estadounidense.
  • Jóvenes inmigrantes especiales.
  • Solicitantes de Estatus de Protección Temporal.
  • Víctimas de trata de personas y de determinadas actividades criminales.
  • Autopeticionarios protegidos por la Ley de Violencia Contra la Mujer.
  • Determinadas personas que ajustan su estatus bajo leyes migratorias específicas.
  • Ciertos diplomáticos, funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares.
  • Determinados ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos que solicitan beneficios bajo una legislación específica.
  • Ciertas personas procedentes de Siria.
  • Solicitantes que ajustan su estatus bajo la legislación de justicia para refugiados de Liberia.

Los cinco factores que se analizarán

La decisión no dependerá de un único indicador económico. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que los oficiales deben evaluar en conjunto cinco factores para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública

  • Edad.
  • Salud.
  • Situación familiar.
  • Bienes, recursos y situación financiera.
  • Educación y habilidades.

Además, los oficiales podrán considerar cualquier otro elemento relevante para determinar la posibilidad de que el solicitante dependa de la asistencia pública en algún momento

El análisis también puede incluir el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Mediante este documento, una persona se compromete a utilizar sus propios recursos para respaldar económicamente al extranjero

Qué beneficios públicos pueden ser considerados

Los beneficios recibidos desde el 18 de septiembre pueden ser evaluados cuando estén sujetos a una prueba de recursos. Entre ellos figuran la asistencia en efectivo, la vivienda pública o subsidiada, la ayuda alimentaria, la cobertura de salud financiada por el gobierno y determinadas ayudas para estudios posteriores a la secundaria

En cambio, los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre se revisan bajo el criterio anterior. En general, ese análisis se limita a determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y a la institucionalización de largo plazo financiada por el gobierno federal