El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el lunes 28 de septiembre la revocación de las visas de la senadora colombiana Martha Peralta, del empresario Euclides Torres y de sus familiares directos
La decisión se enmarca en una nueva política de Washington que contempla restricciones migratorias contra ciudadanos extranjeros señalados por socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades vinculadas con la corrupción o el narcotráfico
La situación de Martha Peralta
Peralta, integrante del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), es investigada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia en un proceso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
La causa incluye presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, vinculados con contrataciones en La Guajira
Tras conocer la decisión, la senadora anunció que iniciará acciones institucionales y administrativas ante la Cancillería, la embajada estadounidense y el gobierno de Estados Unidos. También reclamó que se le informen formalmente los argumentos de la medida
Los señalamientos sobre Euclides Torres
Euclides Torres es propietario de un conglomerado con actividades en los sectores de energía, señalización vial e iluminación pública
El empresario fue mencionado en investigaciones y testimonios relacionados con el presunto financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Torres rechazó los señalamientos y negó dirigir estructuras políticas
El comunicado estadounidense no precisó qué hechos concretos motivaron la revocación de las visas de Torres, Peralta y sus familiares
La base legal de las restricciones
El Departamento de Estado señaló que la política se apoya en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. Esa norma permite imponer restricciones de ingreso por razones vinculadas con la política exterior del país
La medida fue anunciada como parte de la iniciativa Escudo de las Américas. En paralelo, la sección 7031(c) fue utilizada en una acción separada contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca
Alcance regional de la decisión
La acción contra Peralta y Torres también incluyó restricciones de visa para ciudadanos bolivianos
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del departamento de Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
La decisión no implica la cancelación general de las visas de ciudadanos colombianos. Su alcance se limita a las personas identificadas por el gobierno estadounidense y a sus familiares directos