Familias de estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Broquen de Spangenberg, conocida como Lengüitas, rechazaron la demanda del gobierno porteño, que reclama más de $10.000.000 por la toma del establecimiento ocurrida en 2022

De las 69 familias demandadas, 53 presentaron una contestación en la que cuestionaron los argumentos oficiales, negaron responsabilidad por la protesta de sus hijos y solicitaron que la Justicia desestime la acción

La administración porteña sostiene que los padres que no retiraron a sus hijos de la escuela avalaron la toma y deben responder por los costos afrontados por el Estado. Las familias, en cambio, plantean que no retirar a un estudiante no demuestra consentimiento ni participación en la protesta

La presentación fue realizada con el patrocinio de la Defensoría Nº 5 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Giselle Furlong Pader. Allí se afirma que no se probó la existencia de un perjuicio económico concreto ni la intervención de las familias en los hechos

Listados con datos inconsistentes

Uno de los principales cuestionamientos apunta a las actas y planillas utilizadas para identificar a los presuntos responsables. Según la contestación, esos documentos contienen DNI duplicados asignados a personas diferentes, nombres escritos de manera incorrecta y diferencias entre los listados y las familias que finalmente fueron notificadas

También se incluyeron alumnos que durante la toma estaban en Francia por un intercambio escolar, permanecían en reposo médico o se encontraban ausentes por la celebración de Rosh Hashaná

Las familias sostienen que las actas no permiten establecer con precisión quién fue contactado, qué información recibió cada persona, quién acudió a retirar a los estudiantes ni qué conducta concreta se pretende atribuirles

La toma comenzó el 26 de septiembre de 2022 y terminó el 5 de octubre de ese año. Los estudiantes reclamaban por la calidad de las viandas, rechazaban reformas que consideraban inconsultas y denunciaban una supuesta persecución política contra los centros de estudiantes

Aunque la demanda fue iniciada en 2023, la primera notificación a las familias se produjo el 25 de agosto pasado, casi cuatro años después de la ocupación. La defensa advierte que parte de la documentación necesaria para reconstruir lo ocurrido ya no fue conservada

El reclamo por los salarios escolares

El gobierno porteño reclama a las familias el costo de los salarios docentes y no docentes correspondientes a los días en que no hubo clases. El cálculo incluye al personal del Lengüitas y de la Escuela de Comercio N° 26 Enrique de Vedia, que funciona durante el turno noche en el mismo edificio de Juncal 3251

La contestación sostiene que esos sueldos representan gastos habituales que la Ciudad debía pagar de todos modos, hubiera existido o no una protesta. Por esa razón, considera que la suspensión de las clases no produjo un costo extraordinario ni un daño patrimonial indemnizable

Como antecedente, la defensa menciona decisiones del fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño que rechazaron reclamos similares al considerar que el pago de haberes debía realizarse independientemente de la protesta

La responsabilidad durante el horario escolar

La demanda oficial invoca el artículo 1754 del Código Civil y Comercial, que establece la responsabilidad solidaria de los padres por los daños causados por sus hijos cuando conviven con ellos y se encuentran bajo su responsabilidad parental

Las familias citan, sin embargo, el artículo 1755, que contempla el cese de esa responsabilidad cuando el menor queda bajo la vigilancia de otra persona. También invocan el artículo 1767, referido al control y la custodia que ejerce la institución educativa durante el horario de clases

Con ese argumento, sostienen que no corresponde atribuirles una supuesta falta de vigilancia mientras los estudiantes se encontraban bajo responsabilidad del establecimiento

La presentación también encuadra la protesta en el ejercicio de derechos vinculados con la libertad de expresión, la participación estudiantil, la organización en centros de estudiantes, la reunión y la protesta pacífica