GEO Group, operador privado de centros de detención migratoria, presentó una demanda federal contra la ley SB 942, firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 29 de septiembre
La norma establece derechos vinculados con la salud, la privacidad, la higiene y las comunicaciones de las personas detenidas por procedimientos migratorios civiles
El argumento de la empresa contra la ley
La compañía inició el litigio al día siguiente de la promulgación. Su planteo sostiene que California carece de autoridad para imponer esos requisitos en instalaciones que funcionan bajo contratos federales
GEO Group pidió que un juez declare inconstitucional la legislación y suspenda su aplicación. Según la empresa, el estado no puede regular operaciones federales de detención mediante obligaciones dirigidas a los contratistas
La demanda cuestiona tanto las exigencias que endurecen las condiciones de detención como aquellas que las amplían, flexibilizan o modifican
La compañía ya obtuvo un fallo favorable en un caso similar. Un tribunal federal había invalidado una ley californiana de 2019 que buscaba prohibir los centros privados de detención, luego de una impugnación presentada por GEO Group
Qué derechos reconoce la SB 942
La ley contempla atención médica, odontológica y de salud mental, además de agua potable, baños y duchas funcionales, alimentación segura y suficiente y espacios limpios y mantenidos
También establece protecciones frente al abuso, la negligencia y el uso innecesario o excesivo de restricciones físicas, aislamiento o medicación
En materia de comunicaciones, reconoce un acceso razonable al teléfono para realizar y recibir llamadas confidenciales. La norma permite establecer límites de horario, frecuencia, duración y formas de pago para garantizar la disponibilidad del servicio
La correspondencia dirigida a abogados, tribunales o funcionarios gubernamentales, así como la recibida de ellos, solo puede ser leída por su destinatario. Se permiten inspecciones para detectar contrabando y restricciones sobre el tamaño, el peso y el volumen del correo
El alcance de la legislación incluye instalaciones estatales, locales y privadas que alojan a personas por procedimientos migratorios civiles, incluso cuando operan mediante contratos con ICE o con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados
El mecanismo de control previsto por California
La SB 942 autoriza al fiscal general estatal a iniciar acciones civiles para obtener órdenes judiciales destinadas a proteger esos derechos
Además, permite solicitar sanciones de hasta US$2500 por cada infracción. La supervisión incluye el acceso a detenidos, instalaciones, funcionarios, empleados y registros
La ley contiene una cláusula de urgencia, por lo que entró en vigor de inmediato. Hasta el momento, el pedido de GEO Group busca detener una norma ya promulgada y no se informó una resolución judicial que haya concedido esa solicitud
El litigio deberá definir hasta dónde puede California imponer condiciones a los contratistas que administran centros de detención migratoria bajo acuerdos federales