El Instituto Nacional Electoral aprobó la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo órgano encargado de revisar perfiles antes de su registro para detectar posibles vínculos con el crimen organizado, delitos graves o corrupción rumbo a las elecciones de 2027

La comisión quedó presidida por Arturo Chávez e integrada también por Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas. La Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del propio instituto

Revisión previa y canalización de información

Su tarea central será revisar las listas de aspirantes a cargos de elección popular antes del registro formal. Si aparecen indicios de riesgo, la información será enviada a las áreas competentes en seguridad, inteligencia, procuración de justicia y materia financiera para su análisis dentro de sus atribuciones

El instituto será el enlace institucional, dará trámite a las solicitudes y comunicará los resultados que emitan las autoridades especializadas. También aseguró que el proceso deberá respetar la protección de datos personales y los derechos de las personas involucradas

Sin partidos dentro de la comisión

Durante el debate se decidió que los partidos políticos y las representaciones del Congreso ante el instituto no formen parte de esta comisión. La medida recibió el respaldo de las once consejerías y se justificó por el carácter confidencial de la información que se tratará

Chávez afirmó que el nuevo mecanismo no sustituye a los partidos en la definición de sus candidaturas y que la decisión final sobre los registros seguirá en manos de esas fuerzas políticas

Una medida temporal con vigencia de tres años

El acuerdo estableció que la integración inicial tendrá carácter temporal y excepcional, aunque las consejerías permanecerán en el órgano durante tres años. Además, cuando se renueven otras comisiones en septiembre, quienes integren esta comisión deberán respetar el límite legal de cuatro comisiones por consejería

La creación del órgano fue presentada como una respuesta a la reforma legal que amplió las responsabilidades del instituto en la revisión previa de aspirantes y como una medida para fortalecer la continuidad institucional y la eficacia del trabajo electoral