La administración de Donald Trump abandonó su batalla legal para modificar el programa de condonación de préstamos estudiantiles destinado a trabajadores del servicio público
El Departamento de Justicia retiró el miércoles dos apelaciones mediante acuerdos conjuntos de una sola frase. Cada parte asumirá sus propios costos legales. Las autoridades federales no explicaron la decisión
Los recursos habían sido presentados después de que jueces federales fallaran en junio a favor de organizaciones que sostenían que el programa podía convertirse en una herramienta de represalia política
Un programa para empleados públicos
El programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público fue creado para hacer más atractivos los empleos en el Gobierno, las escuelas públicas, los departamentos de bomberos y policía, los hospitales públicos y las organizaciones sin fines de lucro
La normativa permite cancelar los préstamos de empleados que cumplen los requisitos después de una década de pagos
El programa ya canceló préstamos para más de un millón de estadounidenses
El cambio que quedó bloqueado
El otoño pasado, la administración Trump aprobó una norma que otorgaba a la secretaria de Educación, Linda McMahon, la facultad de expulsar del programa a empleadores cuyo trabajo considerara vinculado con un “propósito ilegal sustancial”
La formulación fue considerada imprecisa y apuntaba a empleadores que apoyan a inmigrantes indocumentados o a jóvenes transgénero. El cambio podía afectar a prestatarios que trabajaban en escuelas, hospitales públicos y organizaciones de asistencia legal
Antes de que la norma entrara en vigor en julio, el juez federal Myong Joun, de Massachusetts, anuló las modificaciones del Departamento de Educación. Sostuvo que la agencia había excedido sus atribuciones y que los cambios podían vulnerar las garantías de libertad de expresión de la Primera Enmienda
El fallo respondió a dos demandas presentadas por más de 20 estados, junto con una coalición de organizaciones sin fines de lucro y ciudades. Ese mismo día, el juez federal Amir Ali, de Washington, emitió una decisión similar en un caso promovido por organizaciones sin fines de lucro
Los defensores del programa celebraron el retiro de las apelaciones. Dan Zibel, abogado del grupo Student Defense, afirmó que el intento de utilizar el programa contra organizaciones con las que la administración discrepa era antidemocrático e ilegal, y calificó la decisión como una victoria significativa para quienes trabajan en el servicio público