El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos depende de una nueva resolución judicial en Estados Unidos. El expediente 26-48, denominado “Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, et al. v. National TPS Alliance, et al.”, se encuentra ante la Corte Suprema
El origen de la disputa por la protección migratoria
La controversia comenzó con una extensión del TPS aprobada en enero de 2025, que prolongaba la protección para los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026
Más tarde, Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dispuso dejar sin efecto esa extensión y avanzar con la terminación de la designación correspondiente
La organización National TPS Alliance y varios beneficiarios del programa recurrieron a la Justicia. En septiembre de 2025, un tribunal de distrito falló parcialmente a su favor y anuló las medidas del DHS destinadas a revocar y terminar el programa
En enero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó esa decisión. Según ese tribunal, la secretaria del DHS no tenía autoridad legal para anular una extensión de TPS que ya había sido concedida y estaba vigente
El pedido del Gobierno ante la Corte Suprema
El Gobierno estadounidense llevó el caso ante la Corte Suprema. El procurador general John Sauer presentó el 9 de julio la petición de “certiorari” correspondiente al expediente 26-48
La administración solicitó que se anulara el fallo del Noveno Circuito y que el expediente regresara a esa instancia para una nueva evaluación
El precedente que podría influir en el expediente
El planteo oficial se basa en una decisión previa de la Corte Suprema. El 25 de junio, los magistrados resolvieron el caso Mullin v. Doe, relacionado con el alcance de la revisión judicial sobre decisiones vinculadas con el TPS
De acuerdo con la posición del Gobierno, ese precedente establece una limitación amplia para revisar judicialmente determinadas decisiones sobre el programa
Por ese motivo, la administración pidió aplicar el mecanismo conocido como GVR: conceder la revisión, anular la sentencia anterior y devolver el expediente para que sea reconsiderado
En agosto, los demandantes comunicaron a la Corte Suprema que no se oponían a la solicitud de GVR basada en el precedente de Mullin v. Doe
La conferencia del 28 de septiembre
La Corte Suprema incluyó el expediente 26-48 entre los asuntos analizados durante la conferencia privada de los magistrados del 28 de septiembre
En esas reuniones, los jueces revisan solicitudes pendientes y determinan cuáles recibirán tratamiento posterior. En este caso, no se difundió una decisión inmediata sobre el TPS venezolano
Las deliberaciones y votaciones de las conferencias privadas no se hacen públicas en el momento en que ocurren. La próxima fecha clave será el 5 de octubre a las 9.30 (ET), cuando está prevista la publicación de la lista oficial de órdenes de la Corte Suprema
Esa lista permitirá conocer formalmente qué resolución adoptó el tribunal sobre la petición presentada por el Gobierno
Venezuela fue designada por primera vez para el TPS el 9 de marzo de 2021. El país volvió a ser designado y extendido en octubre de 2023, y el 17 de enero de 2025 se aprobó una nueva extensión hasta el 2 de octubre de 2026