La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó temporalmente al gobierno de Donald Trump a continuar deportando migrantes a países distintos de sus lugares de origen, mientras analiza si esa política cumple con la ley
El máximo tribunal deberá determinar si las personas deportadas tienen derecho a una oportunidad significativa para presentar objeciones antes de ser enviadas a países con los que no tienen vínculos
La orden, aparentemente aprobada por seis jueces contra tres, dejó en suspenso una resolución de una corte de apelaciones. Abogados del gobierno afirmaron que esa decisión había obligado a cancelar un vuelo con unos 70 deportados hacia tres países
Una política aplicada a miles de migrantes
La Corte Suprema ya había permitido temporalmente estos vuelos el año pasado, cuando el caso llegó por primera vez ante sus jueces. Las deportaciones forman parte de la estrategia migratoria central del gobierno republicano
A través de acuerdos en gran medida confidenciales, la administración estadounidense deportó a unas 25.000 personas a más de dos docenas de países, entre ellos Liberia y Guyana. La mayoría fue enviada a México
El gobierno sostiene que recurre a terceros países cuando no puede devolver a los migrantes a sus naciones de origen o cuando esos gobiernos se niegan a recibirlos. La medida también se aplica a personas con órdenes definitivas de deportación, incluidos algunos condenados por delitos
Según los abogados federales, los países receptores ofrecen garantías de que los deportados no serán perseguidos ni sometidos a torturas
Denuncias por riesgos y falta de protección
Los abogados de los migrantes, sin embargo, señalaron que algunas personas terminaron encarceladas en países que ni siquiera conocían antes de llegar. También advirtieron que varias enfrentan graves riesgos de seguridad y que, en ciertos casos, solo tienen como alternativa regresar a los países de los que intentaban escapar
Los representantes legales de los inmigrantes agregaron que muchos no tienen antecedentes penales y que fueron considerados en riesgo de sufrir torturas o persecución
El proceso judicial se desarrolla en medio de una amplia ofensiva migratoria del gobierno de Trump, que prometió deportar a millones de personas que viven de manera irregular en Estados Unidos