La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicó el 6 de octubre un informe que enumera 76 formas en que las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump afectan los derechos civiles y las instituciones democráticas de Estados Unidos
El documento describe una red de más de 2000 agencias federales, estatales y locales vinculadas con tareas de control migratorio. También contabiliza más de 25.000 agentes federales y miles de policías estatales y locales que colaboran mediante acuerdos del programa 287(g)
Una estructura de cooperación en distintos niveles
El informe define esta organización como una fuerza policial nacional de deportación. En ella participan organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de autoridades locales
Las operaciones descriptas se desarrollan en espacios de uso cotidiano. Incluyen controles en bosques nacionales, patrullajes en zonas donde descienden estudiantes de autobuses escolares y detenciones de tránsito por infracciones como circular con vidrios polarizados
La ACLU sostiene que estas prácticas también alcanzaron a ciudadanos estadounidenses y residentes legales. Según el informe, algunas personas fueron intervenidas, incluso de manera violenta, por motivos relacionados con su apariencia, idioma o actividad laboral
Denuncias por abusos y vigilancia
La investigación cuestiona el despliegue de personal federal en ciudades gobernadas por autoridades opositoras y denuncia posibles vulneraciones de derechos durante los operativos
Entre los hechos recopilados menciona disparos, agresiones físicas y detenciones de manifestantes. También señala intervenciones contra personas que intentaban registrar o presenciar actuaciones de las fuerzas de seguridad
El informe acusa además al gobierno de restringir el acceso a información necesaria para investigar determinados procedimientos. También cuestiona las afirmaciones oficiales sobre una supuesta inmunidad absoluta de los agentes
En materia de vigilancia, la ACLU afirma que funcionarios encubiertos se infiltraron en reuniones comunitarias de Nueva York y Minneapolis y en grupos de activistas que usaban Signal. La organización también denuncia el acceso gubernamental a datos de ubicación en tiempo real, patrones de desplazamiento e información biométrica
Las reformas que propone la organización
La ACLU plantea que el Congreso que asumirá en enero de 2027 investigue los procedimientos de las agencias migratorias e impulse una reforma amplia del sistema
- Crear una vía amplia hacia la ciudadanía para inmigrantes que viven en Estados Unidos.
- Reemplazar el ICE por una agencia federal orientada a la gestión migratoria, los servicios y la protección de las familias.
- Terminar con la detención masiva de inmigrantes y revisar los mecanismos de aplicación de las leyes migratorias.
- Modernizar los procedimientos de asilo y la administración fronteriza.
- Fortalecer la supervisión judicial y la rendición de cuentas de funcionarios y organismos.
- Ampliar las herramientas legales para denunciar vulneraciones de derechos y exigir responsabilidades.