La Conferencia Sureste presentó una demanda contra LSU para bloquear el intento de la universidad de sumar a su equipo de fútbol americano a tres jugadores que regresan de campos de entrenamiento de la NFL

La presentación fue hecha el jueves ante un tribunal federal en Birmingham, Alabama, donde la SEC tiene su sede, y solicita una orden judicial para impedir que LSU, según la conferencia, la obligue a asociarse con conductas que contradicen su propósito y su misión

Un conflicto que ya está en tribunales

Entre los demandados figuran LSU, su junta de supervisores, el presidente de la universidad Wade Rousse, el director atlético Verge Ausberry y el nuevo entrenador Lane Kiffin

La acción judicial se conoció mientras el comisionado de la SEC, Greg Sankey, declaraba en una audiencia en Baton Rouge para defender la capacidad de la conferencia de hacer cumplir sus reglas frente a deportistas profesionales que juegan para sus miembros

Es la segunda vez en menos de tres meses que una conferencia recurre a la Justicia contra uno de sus propios integrantes. A mediados de junio, Big 12 presentó una demanda federal contra Texas Tech para intentar hacer valer sus estatutos internos y apartar al mariscal de campo Brendan Sorsby por una supuesta infracción vinculada a apuestas deportivas

Ese caso terminó sin una pelea judicial prolongada, después de que Sorsby abandonó su reclamo

La urgencia de LSU

La situación con LSU tiene mayor urgencia porque no se trata de un solo jugador. Además, el equipo número 11 del ranking abre su temporada el sábado, un día después del plazo para entregar a la conferencia su lista final de 2026

Los nombres involucrados son el ala cerrada Dae’Quan Wright, el liniero defensivo Zxavian Harris y el back defensivo Blake Cotton. La SEC sostuvo que LSU expresó su intención inequívoca de incluirlos en el plantel oficial

En su planteo, la conferencia afirmó que busca proteger su derecho de asociación expresiva y evitar que sus competencias, su marca y sus campeonatos queden vinculados con conductas que dice haber condenado desde su fundación. También pidió medidas declarativas y cautelares para desligarse de acciones que, según sostiene, contradicen su propósito organizativo y sus valores centrales