Maine está reformulando la manera en que regula la vivienda manufacturada y acompaña a los residentes de parques de casas móviles. El cambio llega en un contexto de compras crecientes de comunidades por parte de inversores de fuera del estado y tras un informe que detectó fallas en la respuesta oficial a las denuncias
La Junta de Vivienda Manufacturada, que durante casi 50 años se ocupó de los estándares de los parques y de la calidad de fabricación, tuvo su última reunión a comienzos de junio y fue disuelta el 29 de julio. Su equipo de cuatro personas fue trasladado desde el Departamento de Regulación Profesional y Financiera a la nueva Oficina de Asuntos Comunitarios de Maine, donde seguirá investigando posibles violaciones de las normas estatales
Un esquema todavía en definición
La nueva estructura aún no está completamente definida, pero los temas vinculados con la vivienda manufacturada y con los 480 parques registrados en el estado pasarán a tramitarse administrativamente dentro de la oficina, en lugar de ser resueltos por una junta integrada por personas vinculadas al sector
Para residentes y defensores de la vivienda, el cambio podría agilizar la atención de problemas que afectan a una de las últimas opciones de alquiler asequible en el estado. En cambio, algunos integrantes de la industria temen que la eliminación de la junta implique perder conocimiento técnico acumulado durante décadas
Qué hacía la antigua junta
El organismo fue creado para asegurar que las casas manufacturadas, más conocidas como mobile homes, fueran seguras e higiénicas. Entre sus tareas estaban fijar y hacer cumplir normas de construcción e instalación, supervisar licencias de fabricantes y parques, regular garantías, investigar denuncias e inspeccionar el cumplimiento de reglas eléctricas, de limpieza y de lotes
La junta tenía nueve miembros designados por el gobernador y debía incluir representantes públicos, residentes, comerciantes, propietarios de parques, un constructor, un ingeniero profesional y un inspector de código. Su personal estaba integrado por un director ejecutivo, dos inspectores y una secretaria
Las críticas al sistema
Un informe publicado en diciembre concluyó que la supervisión era insuficiente y que muchos propietarios no sabían a dónde acudir según el tipo de problema. El documento habló de una falta sistémica de apoyo estatal, de derivaciones circulares y de brechas en la fiscalización de los parques
La Legislatura respondió trasladando a los empleados de la junta a la Oficina de Asuntos Comunitarios. Esa oficina, creada en 2024, trabaja con municipios, gobiernos tribales y grupos regionales de planificación, y ahora sumará dos nuevos puestos para capacitación y asistencia técnica
Más recursos, otra lógica
La directora de la oficina, Samantha Horn, sostiene que el nuevo esquema permitirá coordinar mejor entre agencias. Según explicó, un solo problema puede involucrar a varias dependencias estatales al mismo tiempo
La fiscalía general también reforzará su capacidad de respuesta en asuntos de vivienda manufacturada con la incorporación de un abogado financiado por un aumento temporario en las tasas de registro de parques
Quejas de residentes y dudas del sector
La legisladora Cheryl Golek dijo que el problema se volvió evidente al trabajar en una iniciativa sobre aumentos de renta en lotes de parques móviles. Señaló que recibió denuncias por cloacas desbordadas, lotes inundados y cortes de agua, y que la junta rara vez ayudaba a derivar esos casos a la agencia correcta
Golek también afirmó que, dentro de su área de competencia, la junta actuaba poco. La ex presidenta del organismo, Theresa Desfossess, defendió su trabajo, pero reconoció que tenía límites legales para intervenir en disputas entre propietarios e inquilinos
En la última década, la junta tomó 118 medidas de cumplimiento y 64 involucraron a propietarios de parques. Solo el 9% terminó en decisiones y órdenes; el resto fueron acuerdos de cumplimiento. Las multas para dueños de parques pueden llegar a 5.000 dólares, mientras que los fabricantes pueden enfrentar sanciones de hasta 1 millón de dólares en casos más graves
Expectativa cautelosa
Marieke Giasson, organizadora de inquilinos y residente de Bay Bridge Estates, dijo que el viejo tope de tres meses para corregir violaciones hacía que los vecinos esperaran demasiado por soluciones. Confía en que la nueva estructura acelere respuestas, aunque considera que no existe una única salida para todos los problemas
Desde la industria, algunas voces ven riesgos. El senador Dick Bradstreet advirtió sobre una posible pérdida de conocimiento institucional, mientras que Julie Ann Smith, de la asociación que representa a parques de vivienda manufacturada, dijo que el sector teme una menor comprensión de su funcionamiento por parte de una agencia estatal
Rick Bibber, de Canbury Homes, opinó que el cambio se decidió sin definir antes con claridad el formato regulatorio. Para él, todavía hay más preguntas que respuestas