La presión política sobre el Gobierno crece en torno a la entrada masiva de migrantes en Ceuta del pasado 30 de julio. Un supuesto informe policial atribuiría a gendarmes marroquíes un papel en la organización del paso, una versión que choca con la línea defendida hasta ahora por el Ejecutivo

Ante esa información, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al director general de la Policía Nacional para que aclare si el cuerpo manejaba datos que apuntaran a que la entrada fue guiada. El ministro quiere saber desde cuándo existía esa información, al considerarla clave para la toma de decisiones durante la crisis

Exigencia de respuesta inmediata

Grande-Marlaska sostiene que, si esos datos estaban disponibles, debieron trasladarse de forma inmediata a los responsables de la gestión de la emergencia. Recuerda además que se había declarado una situación de interés para la seguridad nacional y que, por tanto, la información debía llegar sin demora a los organismos competentes

El ministro también rechaza que las diligencias judiciales pudieran justificar un retraso en la comunicación de esos indicios

Choque en el Gobierno

El episodio reabre la discrepancia entre Marlaska y Margarita Robles sobre los avisos previos. Robles ha defendido que los servicios de inteligencia sí informaron con antelación y que había seguimiento sobre el terreno, mientras que Marlaska había negado hasta ahora que existieran alertas previas o precisas sobre lo que iba a ocurrir

La aparición de este supuesto documento añade presión sobre la gestión del Ejecutivo y alimenta las críticas por la falta de transparencia y de autocrítica en torno a la crisis de Ceuta