El lanzamiento de Grand Theft Auto VI abrió una discusión política en Miami-Dade por una posible campaña promocional asociada al videojuego y a su versión ficticia de Vice City

El comisionado Juan Carlos Bermúdez y la sheriff Rosie Cordero-Stutz reclamaron que el condado no destine recursos públicos a esa iniciativa. Según plantearon, la propuesta pondría al gobierno local en la posición de impulsar una imagen ficticia de Miami vinculada con el crimen y la violencia

Críticas por el uso de recursos públicos

Entre las ideas que se habrían analizado figuran utilizar la marca Vice City en activos del condado y, de manera temporal, cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Miami por “Aeropuerto de Vice City”

Bermúdez cuestionó que siquiera se evalúe una medida de ese tipo y sostuvo que Miami-Dade debe proyectar la imagen que construyó durante décadas como destino de turismo, negocios, inversión y oportunidades

Cordero-Stutz, por su parte, afirmó que la franquicia se basa en actividades delictivas y enumeró asesinatos, robos, narcotráfico, secuestros de vehículos y ataques contra fuerzas del orden como parte de ese universo narrativo

La sheriff señaló además que el debate llega en un momento en que la oficina que encabeza busca reducir delitos violentos, frenar robos de autos y fortalecer el vínculo con la comunidad

Interés económico y pedidos de transparencia

Del otro lado, autoridades del condado ven en la propuesta una oportunidad para atraer turismo ligado al mundo de los videojuegos y generar ingresos adicionales

Un funcionario sostuvo que la influencia de Miami-Dade en el juego abre una ocasión para mostrar el condado a una audiencia masiva y, al mismo tiempo, obtener recursos

Sin embargo, otros funcionarios aclararon que hubo conversaciones, pero que no existe una aprobación formal ni un acuerdo cerrado

Bermúdez pidió transparencia sobre cualquier intercambio con la empresa y reclamó que se detalle cuál sería el beneficio público, cuánto costaría y qué recursos del condado quedarían comprometidos

Fondo presupuestario y advertencias institucionales

La controversia aparece en paralelo a la discusión presupuestaria del condado. La alcaldesa Daniella Levine Cava impulsa un aumento de 6% para la Oficina del Sheriff en 2027, mientras Cordero-Stutz reclama un 12%

El presupuesto actual de esa agencia ronda los USD 1.200 millones

También hubo reparos desde el sistema judicial local. La jueza principal Ariana Fajardo y el secretario judicial Juan Fernandez-Barquin expresaron que no consideran adecuado incluir a los tribunales en una campaña asociada a un videojuego centrado en actividad criminal, violencia y persecuciones policiales

Aun así, la carta no cerró la puerta a un entendimiento general y admitió que una eventual operación podría generar beneficios económicos relevantes para el condado