La ciudad de Nueva York puso en marcha un procedimiento especial para atender con mayor rapidez los casos más delicados de la Corte de Vivienda. La medida comenzó a regir el 16 de julio mediante la directiva DRP-227 y está orientada a edificios que presentan riesgos importantes para sus habitantes

Qué expedientes tendrán prioridad

El nuevo esquema contempla procesos vinculados con órdenes de desalojo, condiciones peligrosas que afectan a todo el inmueble y ascensores inutilizados en un edificio o en una de sus secciones

También abarca los procedimientos del Artículo 7A, utilizados cuando la ciudad o los inquilinos solicitan el nombramiento de una administración externa debido a la negligencia del propietario

Una vez iniciado el expediente, la Corte de Vivienda deberá designar un juez durante esa misma jornada. Después de que la otra parte sea notificada, los involucrados tendrán un máximo de cinco días para presentarse ante el tribunal

Qué edificios quedan incluidos

La normativa alcanza a inmuebles con una orden de desalojo que afecte al menos a un tercio de las unidades o a la totalidad del edificio

También considera las infracciones de Clase C registradas por el HPD cuando un tercio o más de los departamentos carece de servicios esenciales, como calefacción, agua caliente, electricidad, gas o agua

Los problemas generalizados con ascensores forman parte de los criterios de prioridad, una situación que puede perjudicar especialmente a los residentes con mayor vulnerabilidad

Una respuesta a la crisis habitacional

Mamdani presentó el mecanismo como parte de una estrategia para responder con mayor urgencia a los problemas de vivienda. La iniciativa se integra con “Fix the City” y con el plan habitacional Block by Block, que prevé una inversión de US$22.000 millones durante cinco años

Desde el ámbito judicial también se destacó la necesidad de facilitar el acceso rápido a la justicia para los inquilinos expuestos a condiciones severas y peligrosas

El procedimiento está reservado para situaciones graves y busca reducir demoras que, bajo el sistema habitual, pueden prolongarse durante meses o incluso años