El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó una demanda federal junto con una coalición de gobiernos locales para frenar la ampliación de la regla de carga pública

La regulación comenzaría a aplicarse el 18 de septiembre y permitiría evaluar una lista más extensa de beneficios públicos al analizar determinadas solicitudes de residencia permanente

La demanda contra la nueva política migratoria

La presentación fue realizada el 14 de septiembre ante un tribunal federal de Manhattan. La acción cuestiona las reglas que deberán aplicar los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) al revisar solicitudes de ajuste de estatus

Nueva York inició el proceso junto con Chicago, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y el condado de Santa Clara. Además, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, impulsa una demanda separada contra la misma normativa

Ambas acciones pretenden evitar que la disposición entre en vigor el 18 de septiembre

“La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, afirmó Mamdani durante una conferencia de prensa

La coalición sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También argumenta que el gobierno federal actuó de forma arbitraria y no cumplió con los procedimientos exigidos para introducir cambios importantes en las normas migratorias

Mamdani y el asesor jurídico municipal Steve Banks advirtieron que la medida podría afectar a familias que necesitan atención médica, programas de nutrición o asistencia habitacional

“Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”, sostuvo Banks

La ciudad basa parte de su reclamo en el impacto que la regulación tendría sobre su población inmigrante. De acuerdo con los datos incorporados a la demanda, Nueva York tiene más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de Estados Unidos, equivalentes al 38% de su población

Qué beneficios podrían ser considerados

Hasta el 17 de septiembre, el Uscis considera principalmente determinados beneficios en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la institucionalización prolongada financiada por el gobierno

A partir del 18 de septiembre, el análisis podría incluir todos los programas públicos sujetos a evaluación según los ingresos del solicitante. Entre ellos se encuentran

  • Ayudas económicas en efectivo.
  • Subsidios de vivienda.
  • Cupones de alimentos o SNAP.
  • Determinados programas de asistencia financiera para estudios universitarios.

La nueva regulación deja sin efecto el esquema establecido en 2022 y brinda a los funcionarios un margen más amplio para valorar las circunstancias particulares de cada persona

“Las familias que sigan cumpliendo todos los requisitos para recibir prestaciones sufrirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos lo pagarán”, cuestionó Mamdani

La revisión no se limitará a determinar si una persona recibió un beneficio. El Uscis deberá analizar en conjunto factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la situación financiera, la educación y las habilidades

A quiénes alcanza la modificación

El cambio afecta principalmente a quienes soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card mediante determinadas categorías familiares o laborales

La fecha de presentación será determinante. Quienes envíen el formulario I-485 de manera electrónica o presenten un documento con matasellos del 18 de septiembre o posterior deberán utilizar la nueva edición, fechada ese mismo día

También fueron modificadas las disposiciones vinculadas con las fianzas de carga pública mediante los formularios I-945 e I-356

La normativa conserva excepciones para distintos grupos. Entre ellos figuran refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), víctimas de determinados delitos o de trata que soliciten visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otras categorías protegidas