El Senado de Paraguay avanzó hacia la definición del juicio político contra Santiago Peña, quien continúa formalmente en la Presidencia pese a haber presentado su renuncia. El Congreso todavía no aceptó ni rechazó esa dimisión
La Cámara Alta rechazó el pedido del mandatario para disponer de 72 horas adicionales para preparar su defensa. La solicitud obtuvo 39 votos en contra y dos abstenciones. Peña había argumentado que recibió una acusación de 15 páginas, acompañada por unos 300 folios, apenas horas antes de la sesión
La defensa cuestionó los plazos del proceso
Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda acudieron al Congreso sin el presidente. Ferreiro pidió que se aceptara la renuncia y se cerrara el juicio político. También advirtió que una eventual destitución sin garantías de debido proceso podría ser denunciada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Preda sostuvo que el equipo legal no tuvo tiempo suficiente para estudiar los cargos, revisar las pruebas ni consultar a funcionarios de los organismos reguladores señalados en la acusación. Además, calificó el expediente como jurídicamente defectuoso y cuestionó que se utilizaran publicaciones periodísticas como respaldo sin una investigación documental adicional
La defensa afirmó que Peña permanecía en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga, a la espera de garantías para intervenir personalmente. Durante la sesión, la senadora Yolanda Paredes pidió que se confirmara el paradero del mandatario, cuya ausencia generó sospechas entre legisladores opositores
El Senado incorporó las pruebas de la acusación
Tras los alegatos de los abogados, la Cámara aprobó por 41 votos y sin votos en contra la incorporación de todo el material presentado por los diputados que actúan como fiscales. La medida se adoptó luego de un cuarto intermedio de 45 minutos
La acusación atribuye a Peña conflictos de intereses, interferencias en la supervisión regulatoria, desvío de fondos de pensiones y participación en un supuesto encubrimiento institucional relacionado con el Banco Central. También lo responsabiliza por haber protegido un esquema destinado a vaciar Ueno Bank
El trámite debe continuar con los alegatos finales de la acusación y de la defensa, la deliberación de los senadores y la votación de la sentencia. En Diputados, los cargos contra Peña habían sido aprobados por los 78 legisladores presentes, incluidos los integrantes de su propio Partido Colorado
La crisis bancaria desencadenó la disputa política
El juicio político se desarrolla después de la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia. Ocho ejecutivos de la entidad fueron detenidos y trasladados a una cárcel, donde esperarán el juicio. En Asunción, manifestantes se concentraron frente a sucursales del banco y en las inmediaciones del Banco Central para exigir responsabilidades y una devolución más rápida de los ahorros
La defensa de Peña sostuvo que el fondo de garantías permitió recuperar sus depósitos al 97% de los ahorristas, que la entidad representaba menos del 9% del sistema financiero y que el sistema absorbió su impacto. Esos argumentos provocaron nuevas críticas de los afectados
Los fiscales parlamentarios sostienen, en cambio, que el caso comprometió fondos de millones de personas. Un senador opositor afirmó que tres millones de paraguayos perdieron sus ahorros, mientras una diputada y abogada penalista advirtió que varias instituciones y personas podrían no recuperar su dinero
Renuncias y fractura dentro del oficialismo
El principal asesor político de Peña, José Alberto Alderete, renunció a su cargo. También dejó el Ministerio del Interior Enrique Riera y dimitieron otros altos funcionarios del gobierno
La crisis quebró el respaldo interno del Partido Colorado. Horacio Cartes, expresidente y dirigente de la agrupación, retiró su apoyo a Peña y respaldó el juicio político. La disputa entre ambos se había profundizado por la construcción de poder propio del presidente dentro del partido y por sus diferencias sobre la sucesión presidencial de 2028
Los diputados rechazaron abrir un juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana, de 52 años. Si Peña deja el cargo, Alliana quedaría en condiciones de completar el mandato, previsto hasta agosto de 2028
Un desenlace todavía abierto
Si el Senado destituye a Peña, el mandatario no podrá acceder a una banca de senador vitalicio, perderá la inmunidad parlamentaria y quedará expuesto a las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía en relación con el caso bancario
La representación diplomática de Estados Unidos pidió preservar la paz y respetar las instituciones democráticas. Mientras tanto, las autoridades reforzaron la seguridad y, según versiones difundidas durante la jornada, se habría impedido el uso del helicóptero presidencial para trasladar a Peña al Congreso
El Senado debe completar ahora la fase final del proceso. La decisión definirá no solo la continuidad de Peña, sino también el rumbo institucional de Paraguay después de una crisis financiera que alteró el equilibrio político del país