La aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias reavivó el debate sobre hasta dónde puede regular el Estado a la radio y la televisión sin afectar la libertad de expresión
La discusión cobró fuerza después de que, el 28 de julio, se abriera una consulta pública sobre la propuesta. Entre el 27 de julio y el 21 de agosto, participaron 8 mil 889 personas con observaciones y opiniones sobre un proyecto que buscaba reforzar los mecanismos de protección para las audiencias
Una aprobación en tiempo récord
La consulta terminó en viernes y, apenas dos días hábiles después, el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos. Más tarde, el 28 de agosto, el documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación
La rapidez del proceso despertó dudas sobre la revisión técnica de las observaciones recibidas, sobre todo porque la participación fue mayor a la habitual en este tipo de ejercicios. Además, se ha señalado que 82% de quienes participaron se manifestó en contra de la propuesta
Exigen cuentas sobre las observaciones
Artículo 19 pidió al Gobierno federal explicar de manera pública y detallada cómo se procesaron los comentarios de la consulta y qué cambios surgieron a partir de ellos. La organización sostiene que no hay claridad sobre si existió un análisis técnico suficiente ni sobre la manera en que las opiniones ciudadanas incidieron en la versión final
En su posicionamiento, también solicitó que se publique el informe de consideraciones y que se transparenten los lineamientos definitivos conforme a los procedimientos aplicables
Derechos de las audiencias y libertad de expresión
La organización afirmó que ambos principios no se contradicen y que la protección de las audiencias debe operar con mecanismos claros, accesibles y verificables. También subrayó que la regulación debe reconocer la diversidad de medios, sus capacidades y su finalidad
El reclamo central es que la autoridad rinda cuentas sobre los criterios usados para incorporar las aportaciones ciudadanas y sobre las razones que sostienen la versión aprobada de la norma