La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando una persona llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina y afirmó ser Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El falso funcionario pidió un listado de personas detenidas, con sus nombres, causas, tiempo de detención, condición de reincidencia y teléfonos de familiares. El comisario que recibió el llamado sospechó de la solicitud y pidió un número para devolver la comunicación

Al contactar ese teléfono, fue atendido por otro individuo que también dijo pertenecer a la Corte. La llamada terminó cuando el policía preguntó por Rosatti. Luego, personal de seguridad del máximo tribunal confirmó que el magistrado no había realizado ningún pedido similar

Una identidad falsa para conseguir información

Según la investigación, los sospechosos utilizaban el nombre, la imagen y el cargo de Rosatti en líneas telefónicas que aparecían como contactos institucionales. También empleaban perfiles de WhatsApp con su fotografía y denominaciones vinculadas con la Corte para aparentar legitimidad

Con esa identidad, se comunicaban con dependencias policiales, penitenciarias y fuerzas de seguridad de distintos puntos del país. Allí solicitaban datos sobre personas privadas de su libertad, como si se tratara de relevamientos oficiales o pedidos relacionados con derechos humanos y reorganizaciones del sistema carcelario

Después utilizaban la información para llamar a familiares y allegados. Les prometían la libertad, una excarcelación o algún trámite judicial a cambio del pago de una supuesta fianza. En algunos casos, también ofrecían premios inexistentes y reclamaban transferencias por gastos administrativos

Ocho hechos investigados

Las medidas ordenadas por el Juzgado Federal N.º 12 incluyeron pedidos de informes a empresas telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas. Esas diligencias ubicaron actividad del teléfono utilizado en la primera llamada en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy, en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy

Durante la pesquisa se detectaron otros siete episodios. En diciembre de 2024 se realizaron llamados a dependencias de la Policía Federal en Santa Fe y Esquel. En enero de 2025, una comunicación dirigida a una dependencia de la Gendarmería solicitó información sobre detenidos, causas, tiempos de alojamiento y teléfonos familiares

En ese episodio, los investigadores sostienen que los sospechosos obtuvieron además el número particular de un comandante y le pidieron que contactara a familiares mientras permanecía en una llamada con ellos. Algunos allegados ya habían recibido pedidos de entre 600.000 y 800.000 pesos para gestionar liberaciones, aunque no realizaron pagos

Los restantes llamados fueron dirigidos a una dependencia de la Policía Federal en Neuquén, a la Unidad N.º 50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Batán, a una comisaría de Río Negro y al Área de Seguridad Externa de la Unidad N.º 14 del Servicio Penitenciario Federal, en Esquel. Este último contacto ocurrió el 21 de octubre de 2025

La estructura atribuida a la banda

La investigación estableció que la organización habría operado al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 dentro del penal jujeño. Una comunicación telefónica interceptada permitió reconstruir el procedimiento: primero obtenían datos en organismos oficiales y luego contactaban a los familiares para ofrecerles una libertad bajo fianza

El dinero debía enviarse a una supuesta cuenta del Poder Judicial. En la conversación incorporada al expediente se describió el uso de una cuenta falsa y el pedido de una fianza de un millón de pesos

El fiscal federal Franco Picardi solicitó que cuatro internos fueran sometidos a juicio. Se trata de C. M. A. A., de 38 años; R. A. R., de 40; S. A. L., de 31; y W. R. V., de 32. Todos cumplen condenas por delitos diferentes, entre ellos robos, hurtos, violación de domicilio, tentativa de homicidio y homicidio