Raúl Martins, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), fue procesado con prisión preventiva por lavado de activos. La Justicia también dispuso el embargo de sus bienes hasta cubrir 300 millones de pesos
Martins, de 77 años, había sido detenido en México en 2019 y llegó recientemente a la Argentina desde Cancún, bajo custodia del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina, luego de que su defensa demorara la extradición durante siete años
Una investigación iniciada en 2013
La causa comenzó el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima que alertó sobre un prostíbulo ubicado en la avenida Juan B. Justo 5302, en Villa General Mitre, donde presuntamente se explotaba sexualmente a menores de edad
Según la investigación, Martins habría llegado a manejar diez locales en las zonas de Once, Flores, el microcentro y Recoleta. La organización, de acuerdo con la hipótesis judicial, habría conectado empresas y sociedades legales con prostíbulos clandestinos y habría contado con al menos 50 jefes operativos
La jueza federal María Servini sostuvo que el exespía habría procurado mantenerse fuera de la estructura formal y utilizar a familiares y personas de confianza para administrar los locales y las empresas. De acuerdo con la resolución, su madre y su hermana habrían participado en maniobras destinadas a administrar y lavar el dinero obtenido
La investigación se inició en 2009 y derivó en un procesamiento que luego fue confirmado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Los investigadores estimaron que, en 2006, los establecimientos podían generar ganancias anuales cercanas a 1,5 millones de dólares
El planteo de la defensa
Al ser indagado, Martins se negó a declarar, aunque presentó un escrito en el que pidió su sobreseimiento o la falta de mérito. Alegó que no existía un delito precedente que permitiera sostener la acusación por lavado
El exagente sostuvo que el único hecho de explotación sexual que permanecía firme correspondía al local de Juan B. Justo 5302 y al período comprendido entre el 5 de enero de 2013 y el 27 de octubre de 2014. También afirmó que las acusaciones vinculadas con los otros nueve locales habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas
Además, cuestionó que se le atribuyeran 26 operaciones de lavado, entre ellas compras de inmuebles y administraciones de sociedades anónimas realizadas entre 2009 y 2012, antes del período del delito precedente señalado en la causa
La resolución de Servini
La magistrada rechazó ese argumento. Consideró que una sociedad constituida antes del delito precedente puede ser utilizada posteriormente para convertir, administrar u ocultar bienes de origen ilícito
Para Servini, la existencia de varias personas jurídicas radicadas en la Argentina y en el extranjero, la falta de inscripción de Martins como beneficiario final y el control que habría ejercido de manera directa o indirecta forman un cuadro suficiente para sostener su intervención en esta etapa del proceso
La jueza entendió que existen elementos para considerar, con el grado de probabilidad propio de un procesamiento, tanto la existencia del delito precedente como la administración y disposición de bienes vinculados con esa actividad mediante un entramado societario y la intervención de integrantes de su núcleo familiar