La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este 31 de agosto que una disposición de la Ley Estatal de Educación de Chihuahua es constitucional, aunque no puede interpretarse como una prohibición ni emplearse para desalentar la enseñanza del lenguaje inclusivo en las escuelas

Con esa decisión, el Pleno acotó el alcance de una reforma aprobada por el Congreso local en octubre de 2025, presentada entonces como el primer veto de este tipo en el país. El criterio quedó registrado en las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y su acumulada 133/2025

Una norma válida, pero sin efecto restrictivo

La Corte precisó que la disposición solo impulsa el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español, pero no autoriza excluir el lenguaje inclusivo de la enseñanza

También sostuvo que este tipo de lenguaje ayuda a visibilizar a grupos en situación de vulnerabilidad, combatir estereotipos y avanzar hacia una igualdad sustantiva

En esa línea, el tribunal afirmó que las autoridades no pueden convertir la norma en una prohibición general ni usarla para dejar fuera contenidos con perspectiva de género y enfoque pluricultural

El origen de la reforma

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó una modificación legal que obligaba a observar el uso correcto del idioma español en todos los planteles de educación básica, públicos y particulares con reconocimiento oficial

La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Olson San Vicente, del PAN, y agregó una nueva fracción al artículo 8 de la ley estatal

Sus impulsores argumentaron que la medida buscaba reforzar el uso adecuado de la gramática y la ortografía en el sistema educativo

Debate político y اعتراضiones sociales

Durante la discusión, Olson afirmó que la educación básica sirve para preservar la riqueza y la unidad del español, y sostuvo que una formación centrada en gramática y ortografía permite expresarse con precisión y claridad

La sesión duró más de una hora y media. Morena, encabezado por el diputado Óscar Avitia Arellanes, presentó mociones para devolver la iniciativa a comisiones, al considerar que faltaba análisis, pero fueron rechazadas por mayoría

Colectivos de derechos humanos y personas de la comunidad LGBT+ advirtieron ante el Congreso que la exposición de motivos podía ser interpretada como discurso de odio y que la reforma abría la puerta a la exclusión de expresiones de género no binarias