El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el 5 de octubre la presentación de 40 demandas para revocar la ciudadanía de inmigrantes naturalizados. Según la administración Trump, los demandados habrían obtenido ese estatus de manera ilegal o habrían ocultado información relevante durante sus trámites
Los casos señalados en Florida
Yusmary Shirley Duran Mejía, colombiana de 47 años y residente en Hialeah, obtuvo la ciudadanía en 2018. En 2020 fue condenada por conspiración para lavar dinero. El Departamento de Justicia sostiene que admitió que su participación en esa actividad comenzó antes de naturalizarse
José Villarreal Ortiz, mexicano de 49 años, consiguió la residencia después de presentar a una tía estadounidense como si fuera su madre. La demanda en su contra fue presentada el 1° de octubre ante el Distrito Sur de Florida
Los otros tres casos corresponden a Ralph Nabavi, de Irán; Arnouse Merlien, de Haití; y Syed Mashood Ul Haque, de Pakistán. Las acusaciones mencionadas incluyen evasión tributaria, fraude con reembolsos fiscales y uso de identidades diferentes para evitar una orden de deportación
Qué puede llevar a una revocación
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos indicó que trabajó junto con el Departamento de Justicia en casos vinculados con delitos graves. Entre las acusaciones figuran fraude migratorio, matrimonios fraudulentos, identidades falsas y espionaje a favor de China
La ciudadanía puede ser revocada cuando se obtuvo de manera ilegal, mediante mentiras o a partir del ocultamiento de hechos importantes. Además, el incumplimiento de un requisito de elegibilidad puede servir de fundamento incluso cuando no se pruebe un engaño deliberado
El proceso ante los tribunales
Una condena posterior, por sí sola, no invalida la ciudadanía estadounidense. En los procesos civiles, el gobierno debe presentar ante un tribunal federal pruebas claras, inequívocas y convincentes
La ampliación de estos procedimientos responde a un memorando del 11 de junio de 2025, que los convirtió en una prioridad. Las 40 acciones anunciadas son pedidos de revocación: no significan que las ciudadanías ya hayan sido retiradas