Quince sheriffs de Nueva York llevaron su reclamo a un tribunal federal para impugnar la ley estatal que limita la cooperación entre las fuerzas de seguridad locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presentación apunta contra la gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James
El eje de la disputa
La demanda cuestiona la Local Cops, Local Crimes Act, incorporada al presupuesto estatal y aprobada el 27 de mayo. La norma prohíbe a las autoridades locales firmar, renovar o mantener acuerdos vinculados con la inmigración civil, incluidos los previstos bajo el programa 287(g)
Según los demandantes, los convenios que seguían vigentes quedaron sin efecto el 25 de agosto. Además, la ley dispuso que los contratos por los cuales cárceles locales alojan a personas detenidas por infracciones migratorias civiles deben terminar antes del 25 de noviembre
Los sheriffs sostienen que la medida altera acuerdos que ya habían sido establecidos con autoridades federales. En su presentación, afirman que el estado avanzó sobre decisiones que corresponden a los condados y a sus responsables electos
Autonomía local y control estatal
Los funcionarios que impulsan la demanda argumentan que Nueva York no puede definir de forma general cómo administran sus cárceles los condados ni impedirles decidir si cooperan de manera voluntaria con el gobierno federal
También cuestionan que la norma recorte atribuciones de autoridades elegidas por los votantes y aseguran que entra en tensión con disposiciones federales sobre la aplicación de leyes migratorias
En ese planteo, remarcan que los sheriffs de los condados son funcionarios constitucionales con autonomía propia y que no responden ni a la gobernadora ni a la fiscal general
La nueva oficina de control
La ley creó además la Oficina de Confianza del Inmigrante dentro de la Fiscalía General. Ese organismo puede investigar el cumplimiento de la prohibición, emitir citaciones, inspeccionar cárceles, entrevistar detenidos y promover demandas civiles contra las agencias que incumplan las restricciones
Los demandantes también objetan que el estado pueda dejar sin efecto acuerdos existentes con organismos federales. Según su posición, la medida afecta contratos celebrados con ICE y con el Servicio de Sheriffs de Estados Unidos (USMS)
Impacto federal y financiero
La presentación sostiene que la legislación estatal choca con normas federales sobre inmigración y con la distribución de competencias entre niveles de gobierno. En esa línea, invoca la Décima Enmienda y el principio de cooperación voluntaria con el gobierno federal
Además, advierte que la prohibición podría traer consecuencias económicas para los condados. Entre ellas, menciona la posible pérdida de fondos federales vinculados con el Programa Estatal de Asistencia para Extranjeros Delincuentes (SCAAP) y Operation Stonegarden, destinados a cubrir ciertos costos penitenciarios y tareas de seguridad