La sanidad madrileña afronta nuevas acusaciones por la gestión de sus listas de espera. La organización sindical Amyts difundió este jueves cinco testimonios anónimos que describen supuestas presiones y mecanismos para reducir artificialmente las cifras oficiales

La Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre las irregularidades denunciadas en el Hospital Ramón y Cajal, donde dos responsables habrían cambiado el nivel de gravedad de 57 pacientes. El Ejecutivo regional niega que se estén maquillando las listas y sostiene que el cirujano que denunció los hechos manipuló sus propias citas

Órdenes para excluir pacientes de la lista quirúrgica

Uno de los médicos asegura que recibió “órdenes verbales para no incluir algunos pacientes en LEQ [lista de espera quirúrgica] en el último trimestre del año” o para no clasificar como preferentes determinadas patologías

El mismo relato señala que algunos centros contarían con “una lista de preferentes paralela de gestión interna” para evitar comunicar esos casos a la Consejería de Sanidad

La clasificación determina los plazos de intervención. Los pacientes preferentes deben ser operados en un máximo de 90 días, mientras que el plazo para los casos de preferencia normal llega hasta los 180 días

Los retrasos pueden afectar a los objetivos de productividad establecidos por la Consejería y tener consecuencias sobre los complementos económicos o la financiación de los hospitales

Registros internos y presión sobre los profesionales

Otro médico afirma que los pacientes que superan el plazo o cuyas intervenciones fueron suspendidas durante una huelga aparecen registrados como “demora por ajustes de LE [lista de espera]”. Según su testimonio, esa fórmula evita que figuren oficialmente como casos fuera de plazo

Los testimonios también describen presiones laborales. Varios facultativos habrían sido privados durante un año de realizar peonadas, jornadas extraordinarias, por no alcanzar los objetivos de productividad

“Cuando cumplimos, nos permitieron volver a hacerlas, siempre que programásemos solo dianas”, afirma uno de los relatos. La expresión alude a pacientes próximos a superar el límite de 90 días

Un conflicto abierto entre el Gobierno regional y Amyts

Ángela Hernández, presidenta de Amyts, sostiene que estas prácticas se transmiten habitualmente de forma oral y que no constituyen un caso aislado. A su juicio, responden a una gestión con recursos insuficientes, a la presión asistencial y al temor de los profesionales a sufrir consecuencias si denuncian

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó la denuncia como “el bulo del culo de la semana” y acusó al médico de manipular sus propias citas. También aludió a supuestos antecedentes disciplinarios y a un incidente con el vehículo de un superior

Hernández consideró “absolutamente desproporcionado” ese señalamiento y afirmó que vulnera las normas de protección de los denunciantes