Un gran jurado estatal concluyó que la administración de Ron DeSantis desvió de manera indebida US$10 millones surgidos de un acuerdo relacionado con Medicaid. Según su informe, ese dinero debía quedar en manos del Estado como reembolso de fondos públicos destinados al sistema de cobertura sanitaria infantil
La suma terminó primero en Hope Florida Foundation, una entidad vinculada al programa Hope Florida, y en pocas semanas pasó por distintas organizaciones hasta llegar a comités políticos y al Partido Republicano de Florida
Un acuerdo millonario que cambió de destino
El caso se originó en 2021, cuando Florida detectó que Centene había cobrado de más por medicamentos dentro del programa Florida Healthy Kids. El Estado calculó que debía recuperar US$67.048.611
Las negociaciones quedaron trabadas durante años. En 2024, el acuerdo se reactivó, pero ya no planteó la devolución total al Estado. Primero se propuso que US$62 millones regresaran a Florida y US$5 millones fueran para Hope Florida Foundation. Al día siguiente, la cifra destinada a la fundación subió a US$10 millones y el reintegro al Estado bajó a US$57 millones
Finalmente, el 4 de octubre de 2024, Centene transfirió los US$10 millones a la cuenta bancaria de la fundación
La ruta del dinero
Según la reconstrucción del jurado, el dinero salió rápido de Hope Florida Foundation. Joshua Hay, entonces presidente de la entidad, declaró que recibió dos pedidos de subsidios por US$5 millones cada uno. Uno fue aprobado por unanimidad por la junta y el otro por él mismo
En menos de un mes, los US$10 millones ya no estaban en las cuentas de la fundación. Secure Florida’s Future recibió US$5 millones y luego transfirió US$3,75 millones al comité político Keep Florida Clean. Por su parte, Save Our Society from Drugs obtuvo otros US$5 millones y, poco después, envió US$4,75 millones al mismo esquema político
Un contador forense determinó que Keep Florida Clean recibió en total US$8,5 millones. Después, ese comité transfirió US$7 millones al Partido Republicano de Florida y US$1,23 millones a Florida Freedom Fund, otro comité presidido por James Uthmeier
Las acusaciones del jurado
El panel consideró que se trató de una apropiación indebida de fondos públicos y señaló que el dinero debió haber sido tratado como parte del Estado. También sostuvo que la operación respondió a un mecanismo coordinado para destinar recursos de contribuyentes a actividades políticas, en particular a la campaña contra la Enmienda 3, la propuesta que buscaba legalizar la marihuana en Florida en las elecciones de 2024
Los jurados dijeron que no hallaron pruebas suficientes para formular cargos penales contra una persona en particular, pero remarcaron que hubo un uso político evidente de los fondos
Funcionarios bajo la lupa
El informe también puso el foco en James Uthmeier, actual fiscal general y entonces jefe de gabinete de DeSantis. Para el jurado, ocupaba una posición de autoridad sobre quienes intervinieron en el acuerdo y los testimonios lo ubicaron en el tramo final del destino del dinero
Además, sostuvo que Ashley Moody, fiscal general en el momento del acuerdo, conocía el plan para enviar los fondos a Hope Florida y autorizó a John Guard, su principal subordinado, a firmar el documento
Ni Moody, ni Uthmeier, ni DeSantis declararon ante el gran jurado. Tras conocerse el caso, el gobernador negó haber participado en el acuerdo y calificó la investigación como una farsa
Reformas para cerrar el vacío
Más allá del caso puntual, el gran jurado pidió cambios legales. Recomendó que cualquier dinero recibido por el Estado vaya al Fondo General y que existan sanciones claras para quienes incumplan esa regla
También reclamó normas más precisas sobre cómo organizaciones como Hope Florida pueden recibir y usar recursos públicos, con mecanismos de control, seguimiento y castigo cuando no se respeten los fines previstos