Un juez federal permitió que la administración de Donald Trump mantenga las nuevas reglas de Medicaid, que exigen a ciertos beneficiarios demostrar que no pueden trabajar por razones médicas para conservar su cobertura
El esquema sigue en pie de cara a su entrada en vigor el 1 de enero. Según la norma, pacientes con enfermedades crónicas y otros afiliados de bajos ingresos deberán acreditar, además, al menos 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o estudios
La objeción de los estados
La demanda fue presentada por 25 estados y el Distrito de Columbia. Sus autoridades sostuvieron que la aplicación de la norma obligaría a destinar millones de dólares a personal y tecnología para definir qué pacientes pueden quedar exceptuados por fragilidad médica
Richard J. Stearns rechazó frenar de urgencia la medida, aunque dejó abierto el litigio. Para el magistrado, los demandantes no mostraron un perjuicio irreparable suficiente como para justificar una suspensión antes de la puesta en marcha
La resolución también recordó que la ley republicana One Big Beautiful Bill prevé que el gobierno federal cubra el 90% de los costos de implementación. Además, el juez señaló que el calendario cuestionado fue fijado por el Congreso y no por los funcionarios demandados
Alerta médica por la carga sobre consultorios
La negativa fue dictada sin perjuicio, por lo que los estados podrán volver a pedir una suspensión si aparecen nuevas pruebas durante la implementación. Stearns incluso advirtió que el caso podría prosperar más adelante, al plantear dudas sobre la fidelidad de Mehmet Oz a la intención del Congreso al redactar una regla de fragilidad más estricta
En paralelo, la administración defendió las exigencias como parte de una estrategia para recuperar cientos de miles de millones de dólares en fondos federales durante la próxima década
Mientras tanto, varios funcionarios estatales admiten confusión sobre cómo determinar quién está demasiado enfermo para trabajar. En algunos casos, ya se advirtió a beneficiarios que podrían necesitar una nota médica para conservar su seguro
Esa posible transferencia de la carga a médicos y hospitales encendió críticas en el sector sanitario. America’s Physician Groups advirtió que la regla obligaría a los médicos a decidir sobre la capacidad laboral de sus pacientes y chocaría con principios básicos de la ética médica
La American Medical Association también respaldó el pedido de suspensión y sostuvo que la medida podría debilitar la relación médico-paciente, interferir con la atención y sumar una carga administrativa innecesaria para profesionales y pacientes