Un hombre fue procesado sin prisión preventiva luego de que le secuestraran 58 sábanas, 20 frazadas, 15 acolchados y 20 fundas que transportaba sin la documentación exigida por la Aduana. La mercadería estaba valuada en $943.219
El operativo ocurrió en la avenida Avellaneda al 2900, en el barrio porteño de Flores. El sospechoso, identificado como Augusto S. V., tiene 44 años y es de nacionalidad peruana. La Policía de la Ciudad también le secuestró la camioneta utilitaria en la que trasladaba los productos
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky lo procesó por encubrimiento de contrabando y dispuso un embargo sobre sus bienes por hasta $3.000.000
El pedido de actualización al Congreso
Al analizar el caso, el magistrado sostuvo que los valores establecidos en el artículo 947 del Código Aduanero quedaron muy por debajo de la realidad económica actual. Ese artículo permite establecer cuándo una conducta debe considerarse una infracción aduanera, sancionarse con una multa o ser perseguida como contrabando
El monto mínimo fijado por la ley en diciembre de 2017 es de $500.000. Según el cálculo incorporado por Aguinsky, si esa cifra se actualizara de acuerdo con la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor del Indec, alcanzaría aproximadamente $48.382.973
Para el juez, la falta de actualización puede llevar a que se impulsen causas penales por hechos cuya dimensión económica ya no coincide con la gravedad que el legislador buscó sancionar. En esos casos, consideró que debería intervenir la Aduana dentro de su competencia administrativa
Aguinsky también señaló que el comercio informal perjudica la recaudación, genera competencia desleal, afecta las condiciones laborales y dificulta el control sobre los productos. Sin embargo, diferenció esas maniobras menores de las estructuras de criminalidad organizada vinculadas con grandes operaciones de contrabando
La referencia a la Mafia de los Contenedores
En su resolución, el magistrado mencionó una investigación sobre el ingreso ilegal de mercadería valuada en 284 millones de dólares, en la que habrían participado contrabandistas, funcionarios y empleados aduaneros
Según indicó, esa causa fue elevada en junio de 2024 y tramita ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2. El expediente tiene 68 cuerpos y anexos, además de 98 personas imputadas, entre ellas 45 funcionarios aduaneros
El juez sostuvo que los esfuerzos judiciales deberían concentrarse en investigaciones de esa magnitud, en lugar de aplicar el aparato penal a hechos de escasa relevancia económica
El trámite ante la Corte Suprema
Por último, Aguinsky envió un oficio a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que evalúe elevar su planteo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La propuesta apunta a que el máximo tribunal comunique la necesidad de modificar los montos del artículo 947 a la Comisión de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
La Cámara de Apelaciones ya remitió las actuaciones para que la Corte analice el pedido