Un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes intervenir de inmediato para impedir que California cuente unas 20.000 papeletas que el Departamento de Justicia vincula con personas que podrían no ser ciudadanas

La decisión, adoptada por dos jueces contra uno, deja el conflicto en manos de un juez federal de distrito, que tenía prevista una audiencia para el 27 de octubre. El gobierno federal dispone así de un margen muy reducido para solicitar que las papeletas sean apartadas antes de las elecciones del 3 de noviembre

Una disputa sobre el procedimiento electoral

La administración republicana demandó a funcionarios electorales de California a mediados de octubre. Los acusó de no cumplir un plazo de 48 horas para revisar una lista de 20.000 personas que el gobierno consideraba probablemente no ciudadanas

La solicitud federal buscaba impedir el recuento de esas papeletas hasta completar las verificaciones sobre el estatus migratorio. El Departamento de Justicia formuló demandas similares ese lunes en Washington, donde también hay contiendas que podrían influir en el control del Senado y la Cámara de Representantes

El gobierno apeló después de que el juez de distrito fijara la audiencia. Argumentó que necesitaba una decisión acelerada para evitar que continuara el recuento. Dos jueces del tribunal de apelaciones consideraron, sin embargo, que la instancia inferior no había tenido tiempo suficiente para analizar la petición inicial

Las posiciones de los jueces

El juez Gabriel Sanchez sostuvo que parte de la urgencia invocada por el gobierno era consecuencia de haber presentado el caso cerca de las elecciones, cuando el recuento ya había comenzado. También señaló que California tiene millones de votantes registrados y procesa las papeletas conforme a un calendario acorde con esa escala

Sanchez advirtió que separar las papeletas en ese momento modificaría las reglas electorales durante una elección ya iniciada y podría generar caos. El juez Mark J. Bennett, designado por Trump, añadió que los argumentos federales no parecían estar respaldados por la ley y que la Constitución posiblemente no otorgaba al gobierno autoridad para obligar a California a apartar los votos

El juez Patrick Bumatay discrepó. Afirmó que la legislación federal impide mezclar papeletas que probablemente hayan sido emitidas por personas no ciudadanas con votos legítimos. Según su posición, California debería realizar como mínimo esa separación y el gobierno federal tiene interés en impedir un voto ilegal antes de los comicios, aunque posteriormente pudiera perseguir casos de fraude

Un caso dentro de una disputa más amplia

El voto de personas no ciudadanas ha sido un eje recurrente del discurso político de Trump, aunque los datos disponibles indican que se trata de un fenómeno extremadamente poco frecuente

El fiscal general de California, Rob Bonta, calificó la resolución como un freno a los ataques de la administración contra la Constitución y la democracia. También pidió a los votantes participar y emitir sus papeletas con anticipación

El Departamento de Justicia y la fiscalía federal del distrito central de California no habían respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios