Una jueza federal frenó el nuevo intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento al dictar una orden preliminar contra un decreto que, según la administración, apuntaba a la llamada “turismo de parto”
La medida fue emitida por la jueza Deborah L. Boardman, de Maryland, y regirá mientras se resuelve una demanda colectiva impulsada por familias inmigrantes y organizaciones de defensa de derechos
La Constitución, en el centro del fallo
“La Corte Suprema ya habló: los niños incluidos en la clase certificada son ‘ciudadanos al nacer’”, escribió Boardman en su resolución. La jueza fue designada por el presidente Joe Biden
La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la ley vigente para cualquier persona nacida en suelo estadounidense, con algunas excepciones. Ese principio se remonta a 1868, con la ratificación de la 14ª Enmienda tras la Guerra Civil
Trump viene intentando desde hace tiempo terminar con esa garantía. Antes ya había firmado un decreto para negar la ciudadanía a hijos de personas que están en Estados Unidos sin autorización o de manera temporal, pero la Corte Suprema bloqueó ese intento en junio
Un decreto más acotado, pero igual cuestionado
En agosto, el presidente volvió a la carga con una orden ejecutiva más limitada, que buscaba restringir la ciudadanía automática para categorías específicas, entre ellas hijos de adultos con vínculos con embajadas u organizaciones extranjeras o de personas consideradas “enemigo alienígena” de Estados Unidos
El decreto definía el “turismo de parto” como el ingreso al país con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense. Ese tipo de práctica ya puede considerarse fraude y motivo para restringir una visa si alguien la solicita específicamente para obtener ciudadanía para un hijo
La orden también buscaba negar la ciudadanía a niños nacidos de adultos que hubieran “realizado una transacción comercial para comprar o acceder a la ciudadanía por nacimiento”. Algunas familias dijeron temer que sus hijos quedaran excluidos solo por haber comprado pasajes para viajar a Estados Unidos y haber quedado embarazadas después de llegar
Las personas que iniciaron la demanda afirmaron además que el gobierno ha adoptado una interpretación amplia de quién puede ser considerado “enemigo alienígena”, a veces basada en especulación o información errónea. Otras sostuvieron que temían que sus hijos fueran privados de ciudadanía por supuestos vínculos familiares extensos con pandillas en sus países de origen, aun sin relación directa con ellas
Las familias dijeron que la incertidumbre sobre el decreto generó miedo y confusión. La demanda fue presentada junto con We Are CASA, Asylum Seeker Advocacy Project y Institute for Constitutional Advocacy and Protection
El rechazo de la jueza
Los abogados del gobierno sostuvieron que el pedido para frenar la orden era prematuro y que las agencias federales encargadas de aplicarla usarían “medidas apropiadas”, basadas en una guía oficial que aún no había sido publicada
Boardman rechazó ese argumento. “No importa lo que diga la guía, la Orden Ejecutiva de 2026 ordena a las agencias negar documentos de ciudadanía a varias amplias categorías de niños”, escribió
Shana Khader, directora legal de We Are CASA, afirmó en un comunicado preparado que la Casa Blanca debe entender que no logrará quitarles a los niños su derecho a la ciudadanía, eludir decisiones judiciales obligatorias ni poner la agenda antiinmigrante del presidente por encima de la Constitución
La Casa Blanca no respondió de inmediato a un pedido de comentario