Un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo este viernes 21 de agosto que el Cártel de Sinaloa “no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”, en una declaración emitida horas después de que Rubén Rocha Moya anunciara su regreso al cargo de gobernador de Sinaloa tras 112 días de licencia
Rocha Moya es el primer gobernador en funciones de México que enfrenta cargos formales ante la justicia estadounidense. La acusación fue presentada el 29 de abril de 2026 en el Distrito Sur de Nueva York y lo señala junto con otros nueve funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa por delitos relacionados con narcóticos, armas y, en uno de los casos, secuestro con resultado de muerte
Una respuesta oficial sin referencias directas al gobernador
El portavoz estadounidense no respondió preguntas sobre el retorno de Rocha Moya al poder. La única frase oficial difundida fue que el Cártel de Sinaloa trafica drogas letales hacia Estados Unidos y que no podría operar sin apoyo de funcionarios corruptos
En su mensaje publicado en redes sociales, Rocha Moya afirmó que se sometió voluntariamente a la investigación de las autoridades mexicanas, incluida una comparecencia ante la Fiscalía General de la República. Sostuvo que dejó temporalmente el fuero para enfrentar las acusaciones “como un ciudadano llano” y aseguró que la propia FGR informó que no existían elementos mínimos de prueba en su contra
El gobernador calificó las imputaciones como falsas y con motivaciones políticas. También reivindicó su pertenencia al proyecto de la Cuarta Transformación y expresó lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
La acusación y los presuntos vínculos con Los Chapitos
De acuerdo con la acusación, Rocha Moya habría tenido relación con la facción de Los Chapitos, encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El documento sostiene que, como gobernador, habría garantizado a ese grupo control sobre fuerzas del orden estatales y locales a cambio de apoyo electoral y protección política
Los fiscales estadounidenses afirman que ese esquema habría operado desde la campaña de 2021. Según el expediente, Rocha Moya se reunió a inicios de ese año con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López en un encuentro vigilado por hombres armados
También señala que, en la jornada electoral de junio de 2021, presuntos sicarios robaron papeletas y urnas, y que se intimidó a candidatos rivales para sacarlos de la contienda
La acusación añade que la Policía Estatal recibió instrucciones de no intervenir en varios incidentes reportados en Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota. Después de la elección, siempre según el documento, Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázarez se habrían reunido de nuevo con los líderes criminales
Los cargos y la posible pena
La causa, identificada como S9 23 Cr. 180 y certificada el 23 de abril de 2026, imputa a Rocha Moya tres cargos: conspiración para importar narcóticos desde al menos 2012, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos durante un delito de tráfico de drogas, y conspiración para poseer esas armas
El expediente menciona fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina. En conjunto, los cargos contemplan una pena mínima de 40 años y un máximo de cadena perpetua
Los otros señalados en el caso
Junto al gobernador, la acusación identifica a nueve funcionarios. Entre ellos están Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán “Juanito”
El documento atribuye a cada uno distintos presuntos cobros, avisos sobre operativos, protección institucional, entrega de información o facilitación de actividades del grupo criminal. También señala que algunos ya se habrían entregado a autoridades estadounidenses, aunque esa situación no está confirmada en todos los casos
Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha anunciado acciones para llevar a juicio a los señalados en Estados Unidos, bajo el argumento de que no recibió evidencia suficiente para justificar órdenes de aprehensión o extradición