La gratuidad de la universidad pública ocupa un lugar incuestionado en la discusión argentina, pero rara vez se la examina con detalle. El punto no es discutir si una persona debe pagar para estudiar: el acceso a la educación superior no puede depender del nivel de ingresos. La pregunta de fondo es otra: cómo lograr que ese derecho se traduzca en igualdad real de oportunidades

Un sistema que gasta casi todo en salarios

Según el planteo, más del 90% de los fondos que reciben las principales universidades nacionales se destinan al pago de salarios. Eso deja muy poco margen para laboratorios, infraestructura y actualización tecnológica. Al mismo tiempo, las tasas de graduación muestran una brecha importante: en ingeniería, menos del 20% egresa en el tiempo previsto y el recorrido real suele extenderse entre ocho y diez años

El contraste con otras instituciones y países es fuerte. De cada 100 ingresantes a universidades públicas, se gradúan alrededor de 20, frente a 41 en las privadas, 82 en Chile y más de 91 en Japón. Con ese dato, el costo por egresado resulta mucho más alto que el que suele mencionarse en el debate habitual

La barrera no es el arancel

El problema más grave para los sectores de menores recursos no es pagar matrícula, sino sostener el estudio. Para muchos jóvenes, dedicar tiempo a cursar implica dejar de trabajar o reducir ingresos que ayudan a sostener al hogar. Por eso, la gratuidad por sí sola no alcanza si no existe un sistema sólido de becas de manutención

En ese contexto, la universidad gratuita termina siendo aprovechada en mayor medida por quienes cuentan con más capital cultural y económico, mientras que muchos estudiantes vulnerables quedan en el camino antes de graduarse. El resultado es que la gratuidad universal no siempre funciona como un mecanismo redistributivo

Recuperar parte del retorno

La propuesta central consiste en sumar una contribución ex post sobre el impuesto a las ganancias de las personas físicas, ajustada al nivel de ingresos alcanzado. No sería un arancel al momento de estudiar, sino una forma de devolver al sistema una parte del beneficio recibido por quienes obtuvieron altos retornos privados de una formación financiada por todos

La lógica es simple: médicos, abogados, contadores, ingenieros y otros profesionales que alcanzan ingresos elevados fueron formados con recursos públicos. Si una parte de esa ganancia regresara al sistema, podría financiar un esquema más justo y más eficaz

Más becas, mejor infraestructura

Los fondos generados por esa vía deberían destinarse primero a becas de manutención que permitan a los estudiantes de menores recursos dedicarse efectivamente a estudiar. Luego, a mejorar la capacidad tecnológica y científica de un sistema que hoy arrastra dificultades para sostener sus propios laboratorios

El objetivo, en definitiva, no es abandonar la gratuidad, sino volverla compatible con la equidad. Garantizar el acceso es indispensable. Pero también lo es asegurar que quienes más se benefician de la educación pública contribuyan a ampliar las oportunidades de quienes vienen detrás

Ese, y no la repetición automática del dogma de la gratuidad, sería el sentido más consistente de la igualdad de oportunidades