El Senado vuelve a discutir un paquete de convenios que habilita el pase de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, desarma el fuero nacional de menores. La iniciativa se presenta como una reorganización técnica, pero en los hechos altera el esquema federal, deja interrogantes sobre la capacidad real de respuesta y pone sobre la mesa un problema de financiamiento que no está resuelto

Un cambio que toca al Estado nacional

La Justicia Nacional no cumple el mismo rol que una justicia local. En el territorio de la Capital Federal, su función está ligada a la representación de la Nación en una jurisdicción que coincide geográficamente con la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, mover esas competencias no equivale simplemente a descentralizar: implica retirar al Estado nacional de materias que tienen alcance para todo el país

El debate no se limita a asuntos municipales o de cercanía. La discusión incluye delitos de alcance interjurisdiccional y también temas vinculados con empresas y trabajadores que operan en todo el territorio. En ese marco, el traspaso de funciones judiciales no parece un ajuste menor, sino una redefinición de peso institucional

Una estructura que no está lista

El punto más sensible es la capacidad material para absorber esas tareas. La Ciudad no cuenta con cárceles propias y hoy aloja a más de 2.400 detenidos en comisarías, alcaidías e incluso contenedores. Esa situación expone una infraestructura insuficiente para sostener nuevas competencias penales

El problema no es nuevo. Hace más de ocho años se anunció un módulo carcelario en Marcos Paz y todavía no fue concluido. En materia de menores, el escenario también es limitado: el Instituto San Martín, el único centro de régimen cerrado de la Ciudad, tiene apenas veinte camas

El peor momento para improvisar

La discusión llega además en un contexto delicado. Esta semana entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y las estimaciones oficiales prevén un aumento mínimo del 50% en causas y detenidos. Es decir, se avecina un escenario de mayor demanda técnica y más necesidad de especialización

En ese marco, la disolución del fuero nacional de menores aparece como una decisión de alto riesgo. Ese fuero reúne magistrados y personal con experiencia acumulada, entre ellos más de 80 delegados inspectores dedicados al seguimiento y acompañamiento de adolescentes. Reemplazar esa estructura sin una transición sólida puede afectar la continuidad del servicio de justicia

La discusión por los recursos

La otra clave está en el dinero. Los convenios condicionan el traspaso a un acuerdo de transferencia de recursos, pero ninguna provincia argentina recibe una partida nacional específica para sostener su Poder Judicial. Cada una financia su sistema con coparticipación y recursos propios

La Ciudad, sin embargo, tiene un antecedente singular: durante la gestión de Mauricio Macri se duplicó su porcentaje de coparticipación para financiar el traspaso de la Policía Federal. Ese aumento fue luego reconocido y ratificado por un fallo de la Corte Suprema en diciembre de 2022

Eso significa que la Ciudad ya cuenta con una porción de financiamiento nacional para su policía y, además, con una vía excepcional para reclamar más fondos. Aprobar estos convenios podría ampliar todavía más esa diferencia frente al resto de las provincias, que no disponen del mismo trato

Un costo para las provincias

Varios distritos representados en el Senado mantienen reclamos abiertos por coparticipación, fondos retenidos, liquidaciones erróneas o compensaciones pendientes. En ese contexto, cualquier esquema que refuerce las transferencias discrecionales hacia la Ciudad va en sentido contrario a sus intereses fiscales

El debate, entonces, no se reduce a una cuestión administrativa. También enfrenta a las provincias con una decisión que puede afectar su propia posición en la discusión por los recursos federales. Para muchas de ellas, acompañar el traspaso equivaldría a votar en contra de su propia caja

Una decisión difícil de justificar

El proyecto debilita el rol federal de la Justicia Nacional en el territorio capital y lo hace sin que la Ciudad haya demostrado capacidad plena para asumir esas funciones. A la vez, deja la impresión de que detrás del reclamo de autonomía hay una búsqueda de mayor distancia fiscal respecto del resto del país

Sin infraestructura suficiente, sin especialización garantizada y con un esquema de recursos todavía borroso, el traspaso aparece más como una apuesta riesgosa que como una mejora institucional