Javier Milei avanzó con el anuncio de un proyecto sobre las Malvinas que contempla penas de prisión para quienes participen o impulsen una supuesta campaña contra la Argentina. La falta de precisiones sobre el alcance de la iniciativa despertó cuestionamientos por el posible impacto sobre la libertad de expresión y de prensa
El planteo recuerda episodios de otras etapas políticas. Durante el último gobierno militar, las autoridades denunciaban una presunta campaña internacional contra el país mientras crecían las preguntas externas por la situación de los derechos humanos
En los años noventa, el gobierno de Carlos Menem también intentó establecer sanciones penales por la violación del secreto de Estado y por supuestos riesgos para la seguridad nacional
Aquel proyecto fue conocido como la “ley mordaza” y finalmente quedó archivado después de que el Congreso advirtiera que no tenía posibilidades de aprobación. Ahora vuelve a aparecer el temor a que una crítica al Gobierno pueda ser interpretada como parte de una acción contra la Argentina, con penas que, según lo anticipado, llegarían a 15 años
Una iniciativa cuestionada antes de llegar al Congreso
El proyecto es presentado como una señal de autoritarismo, pero también como una muestra de debilidad política. La amenaza de encarcelar a quienes ejerzan la libertad de expresión expone, además, una dificultad para medir los límites constitucionales de la propuesta
Las normas penales deben ser aprobadas por el Congreso. La Constitución tampoco permite utilizar decretos de necesidad y urgencia para legislar sobre asuntos penales o electorales. Por eso, la aprobación de una iniciativa de ese alcance dependerá de una negociación parlamentaria que el oficialismo hoy no tiene asegurada
El Gobierno tampoco consiguió imponer hasta ahora su proyecto para eliminar o suspender las primarias obligatorias y quitar los debates televisivos de las elecciones presidenciales. Ese antecedente vuelve más improbable que pueda avanzar con una norma destinada a perseguir penalmente a ciudadanos
Menos respaldo para eliminar las primarias
El debate sobre las PASO se convirtió en un indicador del deterioro de la relación entre la Casa Rosada, los gobernadores y el Senado. Varios mandatarios que antes acompañaban al oficialismo comenzaron a tomar distancia, y sus senadores reflejan ese cambio
La mayoría absoluta del Senado requiere 37 votos, aunque el oficialismo calcula que necesita alrededor de 39 legisladores presentes para afrontar posibles ausencias. Un fracaso en esa votación representaría una derrota política de peso
La pérdida de apoyo no puede atribuirse únicamente a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza. Los gobernadores buscan negociar directamente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y no con los representantes políticos del Gobierno
Bullrich, por su parte, empezó a diferenciarse de algunas decisiones oficiales. Su advertencia de que no debía ser tomada por ingenua estuvo vinculada con modificaciones no consensuadas en el proyecto sobre discapacidad que llegó al Senado
La senadora evalúa, según su entorno, un mecanismo de participación social para definir candidaturas sin imponer la asistencia obligatoria de los ciudadanos. La alternativa podría incluir primarias simultáneas, fiscalización de la justicia electoral, financiamiento estatal y excepciones para partidos con un único candidato
El objetivo sería evitar que las candidaturas queden exclusivamente en manos de las estructuras partidarias. Para avanzar tanto con la reforma electoral como con el proyecto sobre Malvinas, el oficialismo deberá recomponer acuerdos con gobernadores y senadores que ya no responden automáticamente a sus pedidos
Apoyo externo, cautela empresarial y dudas electorales
Una delegación del PRO integrada por Jorge Macri, Cristian Ritondo y Gabriel Sánchez Zinny viajó a Estados Unidos. Allí comprobó que Milei conserva más respaldo en los círculos políticos de Washington del que suele suponerse en la Argentina
Donald Trump lo considera el primer líder latinoamericano que le ofreció una relación de amistad sin condiciones. Sin embargo, el futuro político de ambos podría verse afectado por las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre. Las encuestas anticipan dificultades para Trump y algunos legisladores republicanos ya expresan preocupación por el resultado
Entre empresarios y banqueros estadounidenses también existe simpatía por Milei, aunque con mayor distancia que la observada en el entorno de Trump. La principal inquietud es que un programa económico considerado razonable termine dando paso a un regreso del populismo en la Argentina
Los dirigentes argentinos escucharon una pregunta incómoda: qué acción conjunta estaban dispuestos a realizar. La dirigencia macrista aspira a una alianza con el Gobierno, pero considera inaceptables sus condiciones actuales. La preocupación coincide con la de sectores sociales y políticos que buscan una alternativa amplia
Una elección abierta hacia 2027
Una encuesta de Poliarquía ubicó a Cristina Kirchner en el primer lugar entre las preferencias para la Presidencia, con el 38%. Milei quedó segundo, con el 34%, y Mauricio Macri tercero, con el 18%
La suma de Milei y Macri alcanza el 52%, un resultado que, trasladado directamente a una elección, permitiría imaginar un triunfo en primera vuelta de un espacio continuista en sus principales lineamientos económicos
Ese escenario alimenta la idea de una primaria amplia que incluya a Milei y a otros dirigentes, como Patricia Bullrich, Hernán Lacunza y el radical Alfredo Cornejo. El propósito sería ofrecer una alternativa distinta de una disputa limitada entre Milei y Axel Kicillof
La situación de Kicillof dejó de ser considerada marginal por algunos dirigentes. Un encuestador sostuvo que ya no es improbable una victoria suya en las próximas presidenciales, mientras un referente libertario describió el panorama como una transición desde la seguridad que existía en marzo hacia una etapa de mayor incertidumbre
Cristina Kirchner, además, no podría volver a ejercer cargos públicos mientras rija la inhabilitación prevista por el Código Penal
El costo económico recae sobre la clase media
Dentro del oficialismo crecen los pedidos para flexibilizar la política económica y reactivar la actividad. Incluso Caputo estaría dispuesto a aportar propuestas, pero Milei mantiene una posición rígida y se muestra decidido a sostener sus convicciones económicas sin cambios sustanciales
El principal problema político es el alejamiento de la clase media, el sector que impulsó su llegada al poder en 2023. Ese grupo afronta ahora aumentos en electricidad, gas, expensas, alquileres, transporte y educación, mientras muchos salarios no alcanzan a seguir el ritmo de la inflación
El ajuste eliminó subsidios que durante el kirchnerismo habían contribuido al déficit fiscal y a la inflación, pero que también reducían el peso de los gastos fijos de los hogares. La clase media enfrenta hoy el costo directo de esa modificación
La economía muestra dos velocidades. Las actividades vinculadas con las exportaciones atraviesan un momento favorable, mientras la industria orientada al mercado interno, el comercio y la construcción sufren una fuerte contracción. Estos últimos sectores son, además, los que concentran más empleo
El economista Fausto Spotorno resumió el efecto sobre la actividad con una frase: el consumo permanece estancado. Las inversiones tampoco llegan al ritmo anunciado y los resultados económicos que la sociedad puede comprobar continúan demorándose
Incluso en el petróleo, uno de los sectores con mayor inversión, la participación extranjera sigue siendo limitada. Las principales inversiones fueron realizadas por empresarios argentinos como Marcelo Mindlin, Paolo Rocca y Miguel Galuccio
Los inversores estadounidenses observan el escenario argentino con prudencia y esperan señales antes de comprometerse. Su preocupación central está puesta en 2027 y en la posibilidad de que el país vuelva a una etapa de fuerte inestabilidad política y económica
Un Gobierno cada vez más encerrado
Mientras se acumulan las advertencias políticas y económicas, Milei parece concentrarse en conflictos internos. El Gobierno despidió a antiguos empleados de la residencia de Olivos bajo la sospecha de posibles filtraciones, aunque esas personas conocen desde hace años la obligación de preservar la confidencialidad
El Presidente también insiste en advertir a periodistas sobre eventuales consecuencias penales. Sin embargo, una iniciativa imprecisa y difícil de compatibilizar con la Constitución difícilmente genere temor duradero. El riesgo es que termine archivada junto con otras propuestas que no lograron superar la resistencia del Congreso