Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco y señalado por autoridades como presunto líder de La Barredora, difundió una carta desde el penal del Altiplano en la que sostiene que es inocente, rechaza los delitos que se le atribuyen y afirma ser víctima de una persecución política y mediática

Su defensa pública

El documento, firmado el 3 de agosto de 2026, fue presentado como su primera declaración pública desde su detención en Paraguay, ocurrida hace casi un año. En el texto, afirma tener 73 años, no contar con antecedentes penales y haber dedicado décadas al servicio público en Tabasco, donde dice haber trabajado con distintos gobernadores hasta encabezar la Secretaría de Seguridad

También asegura que su trayectoria estuvo guiada por el marco legal y la coordinación con fuerzas federales. Según su versión, su nombre y reputación han sido dañados desde septiembre de 2025 por la forma en que se ha difundido su caso, al sostener que no ha podido responder públicamente mientras permanece privado de la libertad

El proceso en su contra

Bermúdez Requena pide que su caso se lleve con igualdad procesal y en estricto apego a derecho. Además, afirma que algunas declaraciones en su contra habrían sido fabricadas por terceros que buscan beneficios procesales a cambio de acusaciones sin sustento

En su carta, dice confiar en la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial de la Federación y sostiene que no debe sustituirse el juicio legal por una persecución política o mediática. Cierra con una afirmación directa: insiste en que nunca participó en los hechos que se le imputan

Las acusaciones

El proceso penal en su contra avanza bajo la causa 213/2025. En junio de 2026, el Ministerio Público presentó 40 carpetas de investigación y pidió penas que suman 154 años de prisión: 24 por asociación delictuosa, 30 por extorsión agravada y 100 por secuestro agravado

A esos señalamientos se suma una orden de aprehensión por desaparición forzada cumplimentada en marzo de 2026, así como otro mandamiento de captura por delincuencia organizada que no ha podido ejecutarse debido a un amparo concedido a la defensa. En paralelo, un tribunal ratificó el bloqueo de sus cuentas bancarias tras reportes de operaciones inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal