El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que dos causas vinculadas con presuntos manejos irregulares de fondos de la AFA deben continuar en la justicia porteña. También rechazó el intento del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de quedarse con todos los expedientes relacionados con la investigación

La discusión ahora quedó en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver qué tribunal seguirá con las actuaciones. Uno de los expedientes investiga una supuesta administración fraudulenta denunciada por el empresario y representante de FIFA Guillermo Toffoni. El otro apunta a presuntas omisiones en los balances de la entidad que conduce Claudio Chiqui Tapia

Un choque de competencias por el caso más sensible

Casal sostuvo que la causa principal debe seguir en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de Paula Petazzi. Con esa postura, pidió que se rechace la pretensión de Campana de atraer el expediente desde la investigación abierta por el presunto fraude en perjuicio de la AFA

El planteo de González Charvay se apoyó en la denuncia de Toffoni y en la hipótesis de que parte del dinero de la asociación habría sido desviado a través de transferencias al exterior. Según esa línea, la maniobra se habría vinculado con sociedades de pantalla y con personas cercanas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino

Casal, sin embargo, consideró que fraude y lavado son delitos distintos y que no alcanza con invocar una supuesta conexión entre ambos para mover la causa al fuero federal. También descartó que la referencia a una posible evasión de impuestos o a una proyección transnacional alcance por sí sola para justificar ese cambio de jurisdicción

Balanzas y fondos: otro expediente que sigue abierto

El segundo dictamen se refirió a otra disputa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a cargo de Diego Amarante, y el juzgado de Petazzi. Allí se investiga una denuncia por balance falso contra directivos de la AFA

La hipótesis es que TourProdEnter, como agente comercial exclusivo, generó ingresos por al menos 300 millones de dólares para la entidad, pero esas operaciones no figuran en los libros contables. Amarante había enviado el caso al fuero criminal común, pero Casal sostuvo que debe permanecer en el fuero penal económico

En su dictamen, la Procuración entendió que las irregularidades contables están directamente ligadas al núcleo de la imputación por administración fraudulenta. Los dictámenes no son vinculantes, aunque en temas de competencia la Corte suele seguirlos. Si eso ocurre, la causa principal quedará en la justicia ordinaria de la Capital y Campana conservará, por ahora, el expediente por la quinta de Villa Rosa, en Pilar