El Tribunal Oral Federal N°5 condenó a José López, Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el desvío de fondos destinados al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos. El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto
López, exsecretario de Obras Públicas, recibió una pena de dos años y nueve meses de prisión en suspenso. Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fue condenado a la misma pena. Sergio Schoklender recibió dos años y ocho meses, mientras que Pablo Schoklender fue condenado a dos años y cuatro meses
Los hermanos Schoklender eran apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que administró fondos girados por el Estado nacional para construir viviendas y centros de salud en distintas provincias
El tribunal rechazó los planteos de prescripción
Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg también resolvieron la situación de los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y de los exfuncionarios de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano. Los cuatro fueron condenados como partícipes secundarios, aunque el fallo consignó sus penas sin una cifra especificada en la información difundida
El veredicto se conoció en Comodoro Py al límite del plazo de prescripción. Las defensas habían sostenido que la citación a juicio del 8 de julio de 2020 fue el último acto interruptivo válido y que el plazo máximo de seis años ya se había cumplido
La fiscalía planteó que el vencimiento operaba recién al día siguiente y que la prescripción no podía beneficiar a quienes continuaron desempeñándose como funcionarios públicos. El tribunal rechazó los planteos de las defensas
La acusación por el desvío de fondos
Entre 2008 y 2011, el Estado nacional transfirió fondos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante convenios firmados con el Ministerio de Planificación Federal, entonces encabezado por De Vido
De los casi 748,7 millones de pesos administrados por la fundación, la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas con los Schoklender
El fiscal Diego Velasco describió un esquema coordinado desde el Estado nacional y señaló que las obras habían sido adjudicadas directamente a la fundación, sin licitación. Según la acusación, desde allí se derivó parte del dinero hacia sociedades relacionadas con sus apoderados
La Unidad de Información Financiera, que intervino como querellante, también acusó a los imputados por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. Además, pidió el decomiso de los fondos desviados, actualizados por inflación cuando la condena quede firme, para destinarlos a programas de vivienda social
Un expediente iniciado hace quince años
La investigación comenzó en 2011, tras el conflicto entre los hermanos Schoklender y Hebe de Bonafini. El juicio oral empezó el 4 de marzo de este año y tuvo seis meses de audiencias
Bonafini permaneció procesada hasta su muerte, en noviembre de 2022, pero nunca llegó a ser juzgada. En 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a otros 25 imputados, entre ellos exgobernadores que habían firmado los convenios y la hija de Bonafini
Las defensas anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese motivo, ninguna de las penas está firme
Además, continúa pendiente un segundo tramo de la investigación por lavado de dinero, centrado en el recorrido de los fondos hacia empresas vinculadas con los Schoklender