La decisión de la Corte Suprema reactivó una disputa entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial por los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros

El máximo tribunal restituyó la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se había derogado la Ley de Tierras. En los hechos, la resolución dejó sin efecto las restricciones que regían desde 2011

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no tenía legitimación para iniciar la demanda. Por ese motivo, revocaron la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo del decreto

El papel pendiente de Diputados

El Senado rechazó el DNU 70 en marzo de 2024, pero la Cámara de Diputados nunca trató la norma. Como la legislación exige el rechazo de ambas cámaras para anular un decreto de necesidad y urgencia, el texto permaneció vigente

Con el fallo, legisladores opositores comenzaron a impulsar el tratamiento del decreto en la Cámara baja. Cecilia Moreau y Esteban Paulón se pronunciaron a favor de avanzar con su derogación

El politólogo Pablo Salinas explicó que el rechazo pendiente del Senado conserva su estado parlamentario y puede ser tratado por Diputados en cualquier momento. Si ambas cámaras lo rechazaran, el DNU 70/2023 quedaría anulado por completo

Dos alternativas legislativas

Los especialistas identifican dos caminos principales: que Diputados rechace el DNU 70/2023 o que el Congreso sancione una nueva ley para derogar su artículo 154 y restablecer los límites a la extranjerización de tierras

Diego Armesto consideró que el fallo contiene un mensaje dirigido al Congreso, porque señala que todavía está pendiente el control político sobre el decreto. Lorena González Tocci, en tanto, planteó la necesidad de modificar la Ley 26.122, que permite que un DNU continúe vigente mientras no sea rechazado por las dos cámaras

Daniel Sabsay estimó que una nueva ley sería la solución más conveniente. Andrés Gil Domínguez propuso una norma breve, con un artículo destinado a eliminar el artículo 154 y otro orientado a reponer la Ley de Tierras

Una opción dentro de otro proyecto

También se mencionó la posibilidad de incorporar nuevamente las restricciones a la extranjerización en el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por Federico Sturzenegger

La iniciativa obtuvo la aprobación del Senado en agosto, pero todavía no fue tratada por Diputados. El texto original eliminaba el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque el Gobierno retiró ese capítulo tras la presión política y social

La oposición podría intentar reincorporar las restricciones durante el debate en la Cámara baja y enviar nuevamente el proyecto al Senado

Un escenario judicial incierto

Los constitucionalistas consideran que la vía judicial quedó limitada por el criterio adoptado por la Corte. El tribunal no analizó expresamente la validez constitucional del artículo 154, pero sostuvo que la defensa de la soberanía territorial corresponde al Estado y no constituye un derecho colectivo ejercitable por cualquier organización

Andrés Gil Domínguez sostuvo que ese razonamiento podría dificultar nuevos reclamos. Alejandro Carrió y Félix Lonigro también advirtieron que sería difícil determinar quién tendría legitimación para plantear una nueva demanda

Sin embargo, los especialistas no descartan por completo que la Corte pueda analizar el fondo del asunto en otro expediente. Juan Vicente Sola señaló que el tribunal evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación, aunque probablemente haya evaluado la razonabilidad de eliminar una ley que limitaba al 15% la proporción de tierras rurales extranjerizadas en el país