El Senado volvió a discutir el proyecto de Ley General de Sociedades, una reforma impulsada por el Poder Ejecutivo para actualizar un régimen vigente desde 1972. La iniciativa apunta a reconocer sociedades administradas por tecnología, incorporar inteligencia artificial para tareas operativas y simplificar la vida societaria con herramientas digitales
Un debate que volvió después de semanas de pausa
Fue la segunda reunión de la Comisión de Legislación General sobre este tema. El oficialismo quiere avanzar hacia un dictamen en el próximo encuentro, todavía sin fecha, aunque antes busca acercar posiciones con bloques dialoguistas
En la audiencia anterior había expuesto Federico Sturzenegger. Esta vez la reunión se desarrolló con menos tensión, aunque apareció una fuerte discusión entre Patricia Bullrich y Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ
Choque político y cruce por la IGJ
Nissen planteó que el marco legal societario necesita cambios, pero rechazó la propuesta oficial. Sostuvo que la reforma puede convertir a las sociedades en un ámbito de opacidad y favorecer a quienes ya tienen más recursos
Bullrich le respondió con dureza y lo acusó de haber alterado por resolución el régimen de las SAS, lo que, según dijo, afectó a jóvenes y emprendedores. También cuestionó que una norma administrativa modifique una ley nacional
Apoyo técnico a la reforma
A favor del proyecto se expresó Matías Alvarez, de la UIF, quien sostuvo que la iniciativa moderniza el sistema y mejora el monitoreo y la trazabilidad societaria. En la misma línea, Sebastián Balbín afirmó que el esquema actual responde a una realidad económica y tecnológica ya superada
Qué cambia el proyecto
La reforma reemplaza de manera integral la Ley 19.550 y propone una estructura más flexible, basada en la autonomía de los socios, la simplicidad y la adaptación a nuevas prácticas empresarias
Entre los cambios principales figuran los libros y registros digitales, la constitución por firma digital o electrónica y la creación de una sede electrónica para notificaciones legales
El texto también incorpora las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO), admite el uso de inteligencia artificial y algoritmos en funciones operativas y permite aportar activos digitales y criptoactivos con valor económico
Además, habilita que las acciones de sociedades anónimas puedan representarse mediante tokens, con el objetivo de facilitar inversiones y financiar startups
La propuesta redefine el objeto social, amplía la posibilidad de reuniones remotas o mixtas y establece que los administradores no responderán por decisiones estratégicas que no den el resultado esperado, siempre que actúen de buena fe, con diligencia y en defensa del interés social
También incorpora de manera orgánica a las SAS dentro del régimen general y limita la fiscalización estatal a los casos en que exista oferta pública o un interés público comprometido