El peritaje acústico realizado sobre los audios del caso Andis no pudo establecer si las voces examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. La conclusión relativiza la afirmación difundida previamente por el Gobierno, según la cual los archivos no eran auténticos

El informe fue firmado por tres funcionarios de la División Acústica Forense de la Gendarmería y nueve peritos de parte. Cinco especialistas vinculados con la fiscalía y con la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) suscribieron una disidencia porque consideraron que sus observaciones no fueron incorporadas a las conclusiones

Qué determinó el análisis acústico

El estudio recibió 58 archivos de sonido y consideró aptos 14 de ellos, entre otros motivos porque superaban los ocho segundos de duración. El informe describió características compatibles con una regrabación y mencionó posibles operaciones de edición, además de discontinuidades abruptas en la forma de onda que podrían corresponder a puntos de corte

Sin embargo, los peritos no pudieron establecer qué tipo de edición se habría utilizado ni cuál habría sido su metodología. También señalaron que la falta de información sobre el origen de las grabaciones, los dispositivos empleados, las condiciones de captación, los tratamientos posteriores y los archivos originales impedía reconstruir con precisión el proceso

La División Acústica Forense indicó además que no cuenta con herramientas ni con una metodología técnico-científica validada para determinar si se utilizaron sistemas de inteligencia artificial destinados a crear voces sintéticas. Por esa razón, no emitió una conclusión técnica sobre ese punto

El informe mencionó eventos compatibles con respiraciones del interlocutor, pero aclaró que tampoco dispone de una herramienta con estándar forense para detectar deepfakes

Las objeciones de los peritos de la fiscalía

Uno de los principales cuestionamientos fue la falta de una muestra indubitable de la voz de Spagnuolo para compararla con los audios. La observación se concentró especialmente en el archivo identificado como “que tiene lule menem con Karina.mp4”

Según la disidencia, ese archivo había sido considerado apto el 2 de septiembre de 2026 y se había previsto convocar a la persona de referencia para obtener muestras de voz. El 16 de septiembre, en cambio, los peritos oficiales concluyeron que el cotejo no era técnicamente procedente, aunque el archivo conservaba su condición de apto

La grabación dura tres minutos y once segundos, pero el informe indicó que contiene dos minutos y un segundo de audio limpio. No se incorporó una transcripción de lo que se escucha

Los peritos de la Datip también cuestionaron que se haya realizado únicamente un análisis automático. Señalaron que el protocolo contempla, además, evaluaciones semiautomáticas y perceptuales, que no fueron aplicadas

Otros especialistas de la fiscalía describieron en los audios variaciones de entonación, pausas, cambios en la velocidad de articulación, repeticiones y chasquidos, rasgos compatibles con el habla humana espontánea. También observaron que el peritaje detectó posibles ediciones, pero no evaluó el contenido de los fragmentos continuos que no presentaban indicios visibles de cortes

El impacto sobre la investigación

Las partes interpretan de manera distinta el alcance del informe. Para las defensas, demostrar que los audios fueron manipulados podría contribuir a cuestionar la investigación y pedir la nulidad de medidas como allanamientos y requisas de teléfonos celulares

La fiscalía, en cambio, considera que los audios no son determinantes porque la causa también contiene informes sobre presuntos sobreprecios en contrataciones de la Andis

Los informes sobre las contrataciones

El 15 de octubre de 2025, Esteban Rafael Giler, entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, informó diferencias entre los valores de referencia y los precios pagados por el organismo. Al comparar las operaciones con compras del PAMI, habló de desvíos notables

El documento mencionó un pago de $425 millones realizado el 8 de julio de 2025 a Farma Salud por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. Como referencia, señaló que el PAMI había adjudicado el mismo sistema a Siprotec SA por $124.200.000 el 25 de marzo de ese año

En otro documento, fechado el 30 de diciembre de 2025, el interventor Alejandro Vilches afirmó que una revisión integral había detectado irregularidades graves en contrataciones y gastos vinculados con insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad

En abril de 2026, una asesora médica del Ministerio de Salud calificó como “técnicamente indefendibles” algunas diferencias entre los precios pagados y otros valores de mercado

La causa se encuentra en etapa de declaraciones indagatorias, previstas durante noviembre. Después, el juez Ariel Lijo deberá resolver la situación procesal de las personas investigadas