La renovación del Consejo de la Magistratura volverá a convertir al Senado en el escenario de una disputa política de alto impacto. El eje de la pelea será el reparto de los cuatro lugares que corresponden a la Cámara alta en el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a jueces federales y nacionales

La Libertad Avanza y el kirchnerismo cuentan con 21 senadores cada uno y pretenden quedarse con dos bancas. El oficialismo busca sumar un representante, mientras que el peronismo intenta conservar los dos lugares que ocupa actualmente

Una definición que quedará en manos de Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel tendrá un papel central, ya que debe firmar el decreto que valide la designación de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura

Desde el oficialismo sostienen que uno de los lugares debería corresponder al peronismo y otro a la Unión Cívica Radical. En el kirchnerismo, en cambio, aseguran que son la primera minoría porque contabilizan 25 senadores dentro de un esquema que incluye a aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero y de Justicia Social Federal

La Libertad Avanza cuestiona ese cálculo porque considera que esos legisladores pertenecen a bloques distintos. Al mismo tiempo, reconoce que todavía no cuenta con argumentos suficientes para reclamar dos de los cuatro puestos y analiza alternativas para disputar una banca al kirchnerismo

El control de la Justicia, en el centro de la disputa

La discusión excede la definición de nombres. El bloque que consiga mayor influencia en el Consejo podrá incidir en un organismo estratégico para la política judicial

El Gobierno busca avanzar con la cobertura de más de 300 vacantes judiciales heredadas de las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La tarea está a cargo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, bajo la supervisión de Karina Milei y de Martín y Eduardo “Lule” Menem

El Consejo está integrado por 20 miembros, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, representantes de jueces, abogados, académicos, del Poder Ejecutivo y ocho legisladores nacionales. Cuatro de esos representantes corresponden al Senado

La ley establece que dos bancas deben ser para el bloque con mayor representación, mientras que las restantes corresponden a la primera y la segunda minoría. Esa regla suele generar conflictos cuando la composición parlamentaria admite distintas interpretaciones

El antecedente que condiciona la renovación

Los actuales representantes del Senado asumieron durante el período iniciado en 2022. María Inés Pilatti y Mariano Recalde fueron designados por el oficialismo de entonces; Eduardo Vischi ocupó un lugar por la primera minoría y Martín Doñate accedió en representación de la segunda

La integración fue consecuencia de una maniobra impulsada por Cristina Kirchner, quien en ese momento presidía el Senado. Luego de que la Corte Suprema ordenara recuperar la composición de 20 miembros, el Frente de Todos se dividió en dos bloques: Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14

La estrategia buscaba preservar la mayoría y obtener también la representación de la segunda minoría, lo que permitió designar a Doñate y desplazar a Luis Juez

Meses después, la Corte Suprema anuló el decreto parlamentario que había habilitado esa designación. El tribunal consideró que la división del bloque oficialista no podía utilizarse para alterar la representación en el Consejo y calificó la maniobra como un “ardid”, un “artificio” y una “manipulación”

Tras ese fallo, Doñate dejó el organismo y Juez pudo asumir. El senador cordobés continúa como consejero, aunque ahora representa a La Libertad Avanza, bloque al que se incorporó en diciembre del año pasado

También hubo cambios por la finalización de mandatos. Anabel Fernández Sagasti asumió en reemplazo de Pilatti

Un recambio previsto para fin de año

La renovación general del Consejo está prevista para fin de año, cuando comenzará el período 2026-2030. El proceso ya provocó movimientos políticos y judiciales por la posibilidad de habilitar reelecciones consecutivas, una alternativa resistida por el propio organismo

La disputa recién comienza, pero tiene antecedentes institucionales que anticipan un escenario de tensión. En el Senado saben que cada firma, decreto parlamentario y cambio en la composición de los bloques podría quedar bajo revisión de la Corte Suprema