Varias entidades empresarias expresaron su preocupación por la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, que absolvió al dirigente camionero Maximiliano Cabaleyro y a seis exempleados de Rey Distribución SRL
El caso se originó en denuncias por bloqueos a las instalaciones de la distribuidora, ubicada en San Pedro y dedicada al reparto de alimentos y bebidas. La empresa, que cuenta con 34 empleados, sostuvo que sufrió medidas de fuerza en 2021 y denunció pedidos de dinero por parte de Cabaleyro y otros referentes desde 2017
El argumento del tribunal
El juez Alejandro López consideró que las acciones cuestionadas se encuadraron en el ejercicio del derecho de huelga. Por ese motivo, entendió que los hechos no podían ser considerados propios de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas
La fiscalía había solicitado una pena de diez años de prisión para Cabaleyro. Además del dirigente, fueron absueltos Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, acusados de turbación de la posesión
Críticas por el impacto institucional
La Unión Industrial Argentina sostuvo que la resolución constituye un retroceso para la seguridad jurídica y advirtió que puede afectar los derechos de quienes producen y trabajan. La entidad también pidió que las instancias judiciales correspondientes revisen los alcances del fallo
La Cámara Argentina de la Construcción afirmó que ninguna protesta debería impedir el funcionamiento de una actividad productiva ni vulnerar el derecho al trabajo. Al mismo tiempo, reiteró su respeto por los derechos laborales y por la huelga, y reclamó una aplicación equilibrada de la ley
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios también cuestionó la absolución. Aunque reconoció el derecho de huelga establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, señaló que ese derecho no puede interpretarse como una autorización para realizar acciones contrarias a la ley
Las entidades empresarias vincularon la seguridad jurídica con la inversión, el empleo formal y el desarrollo económico. También reclamaron que se preserven las garantías constitucionales y el diálogo entre las partes