El Gobierno salió a defender en Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, una de las iniciativas económicas que busca llevar al recinto el 19 de agosto. La propuesta apunta a ampliar el universo de personas que puedan adherir al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias para formalizar dinero fuera del sistema

En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, funcionarios del Ministerio de Economía rechazaron que el texto implique un nuevo blanqueo o una flexibilización del régimen penal tributario. Desde la oposición, en cambio, advirtieron que la iniciativa beneficia a evasores y podría alcanzar a funcionarios públicos

La defensa oficial

La exposición principal estuvo a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el director del Banco Central, Martín Vauthier. El plenario fue encabezado por Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, ambos de La Libertad Avanza

Rodríguez Machado sostuvo al abrir el debate que el objetivo es que el Estado concentre sus recursos en perseguir a los verdaderos evasores. También negó que la reforma otorgue impunidad: aseguró que no elimina delitos, no baja penas y no beneficia a quienes hayan cometido un delito

Balestrini afirmó que el proyecto no agrega beneficios adicionales a los ya previstos por la ley vigente. Según explicó, la modificación central es ampliar el acceso al régimen simplificado de declaración jurada de Ganancias. También remarcó que quienes adhieran tributarán igual que en el régimen general

Imirizaldu detalló que el esquema seguirá limitado a personas humanas y sucesiones indivisas, pero sin las restricciones actuales de ingresos, patrimonio y condición frente a ARCA. Además, indicó que los grandes contribuyentes podrán presentar la declaración bajo ese formato, aunque sin acceder a beneficios extra

Vauthier vinculó la reforma con la estrategia oficial para fomentar la inversión. Señaló que el país creció por debajo de otras economías durante las últimas décadas porque invirtió menos y sostuvo que para financiar inversión hace falta ahorro. En ese marco, defendió la ampliación del régimen como una forma de formalizar ahorros sin penalidad

Las objeciones opositoras

Desde distintos bloques, las críticas se concentraron en el alcance del proyecto y en la posibilidad de que alcance a funcionarios públicos. Agustín Rossi sostuvo que la iniciativa favorece a grandes estudios contables y la calificó como un escándalo. También cuestionó que legisladores o funcionarios puedan quedar alcanzados por el régimen

Néstor Pitrola denominó al proyecto como la “ley Adorni-Espert” y lo describió como un blanqueo permanente. En una línea similar, Esteban Paulón advirtió sobre los riesgos que este tipo de mecanismos pueden tener para organismos internacionales que monitorean operaciones vinculadas con lavado de dinero y delitos complejos

Victoria Tolosa Paz también cuestionó que no se excluya con claridad a los funcionarios públicos y planteó dudas sobre la capacidad de control de los organismos estatales. Según dijo, si existe cruce permanente de información patrimonial, debería haberse detectado un caso como el mencionado en el debate

La respuesta oficial a las críticas

Frente a esos planteos, Balestrini insistió en que no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada. Afirmó además que los funcionarios que se adhieran seguirán obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y que esa obligación no cambia

La funcionaria también sostuvo que la reforma no debilita los mecanismos de fiscalización ni deroga la ley antilavado o la antievasión. Con ese argumento, el oficialismo buscó despegar la iniciativa de cualquier lectura que la asimile a una amnistía impositiva