CÓRDOBA. La Justicia Federal de Córdoba ordenó investigar al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones que exigían normalizar los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad

La medida fue adoptada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien envió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. El fiscal federal Carlos Casas Nóblega deberá establecer si la conducta de los funcionarios podría constituir un delito

Entre las hipótesis a analizar figuran la posible desobediencia a una orden judicial y un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión se conoce mientras continúa la discusión por los cambios vinculados con el sector incluidos en el proyecto de presupuesto 2027

Un expediente iniciado por demoras en los pagos

El caso comenzó en mayo, a partir de un amparo colectivo presentado por personas con discapacidad, familiares e instituciones. La acción denunció retrasos en el pago de prestaciones financiadas por el PAMI y por Incluir Salud

En ese momento, Vaca Narvaja dictó una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Salud, a través de Incluir Salud, y al PAMI regularizar los pagos en un plazo de 72 horas

El magistrado advirtió que las demoras podían poner en riesgo la continuidad de tratamientos y servicios esenciales. También señaló la especial vulnerabilidad de las personas alcanzadas por el amparo

La orden no se circunscribía a un prestador específico, sino que comprendía a todo el colectivo incluido en la acción judicial

La apelación no suspendió la obligación estatal

El Gobierno nacional apeló la cautelar, aunque el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Por ese motivo, la presentación no suspendió el cumplimiento de la medida mientras la Cámara Federal evaluaba el planteo

Vaca Narvaja sostuvo entonces que la administración nacional debía acatar la orden y que la apelación no alteraba esa obligación

En junio, el juez volvió a disponer la regularización de los pagos correspondientes a las prestaciones contempladas por la ley 24.901

Según la resolución, el Estado había acreditado cancelaciones correspondientes a algunos períodos, pero no había demostrado que la situación estuviera normalizada para todas las personas e instituciones comprendidas en el amparo

Instituciones denunciaron atrasos acumulados

Durante el trámite también se incorporaron informes de entidades de Córdoba, entre ellas Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y la Asociación Civil Alegría

Las instituciones señalaron que los retrasos de varios meses dificultaban el pago de salarios, aportes, proveedores y otros gastos necesarios para mantener sus servicios

El Cottolengo informó que incluso debió afrontar intereses ante ARCA por aportes y contribuciones que no pudo pagar en término debido a la falta de fondos

Para el juez, estos elementos evidenciaban que el conflicto excedía una cuestión administrativa o contable y afectaba directamente el funcionamiento de las instituciones que atienden a personas con discapacidad

La nueva resolución incorpora así una posible dimensión penal a la disputa por el financiamiento y la continuidad de estas prestaciones