La Justicia quedó envuelta en una zona de sombra donde pesan, a la vez, la política y las propias contradicciones del Poder Judicial. En ese escenario aparece Martín Irurzun, un magistrado con trayectoria reconocida en causas de corrupción, hoy atrapado en un limbo por haber cumplido 75 años, el tope etario fijado por la Constitución tras la reforma de 1994
El problema no es menor: en el sistema conviven dos criterios opuestos sobre ese límite. Uno se apoyó en el antecedente que benefició a Carlos Fayt; el otro, más reciente, validó la vigencia del artículo constitucional que fija el retiro a los 75 años. Esa tensión dejó una convivencia incómoda entre normas que parecen decir cosas distintas sobre la misma cuestión
Un juez sin salida clara
Irurzun pidió una medida cautelar después de que el Gobierno no respondiera a su solicitud para renovar el acuerdo del Senado por cinco años más, una vía también prevista por la reforma constitucional. Su planteo fue rechazado en instancias inferiores y ahora quedó en manos de la Corte Suprema, que rara vez resuelve cautelares de este tipo
Mientras tanto, el juez no puede seguir ejerciendo con normalidad porque sus decisiones podrían ser cuestionadas. Tampoco puede retirarse sin que se cierre definitivamente el expediente. En los hechos, quedó suspendido entre la vigencia de su cargo y la imposibilidad de hacerlo valer
La discusión de fondo
La disputa jurídica vuelve sobre una pregunta central: si el límite de los 75 años es constitucional o si, como sostuvo la Corte en 1999, resulta inválido. El debate no es solo técnico. También expone las tensiones entre quienes integraron la misma reforma constitucional y luego adoptaron criterios distintos sobre su alcance
El caso de Irurzun se cruza, además, con una coyuntura sensible: integra la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que debe revisar la investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, mencionada en audios atribuidos a Diego Spagnuolo. La causa alcanza a Karina Milei y a dirigentes vinculados al entorno de los Menem, en especial Eduardo “Lule” Menem
El efecto político
En ese tablero, la discusión judicial deja de ser abstracta. La demora en definir la situación de Irurzun impacta sobre una causa de alta sensibilidad institucional y alimenta sospechas sobre la independencia del sistema
La paradoja es evidente: un magistrado históricamente asociado a investigaciones por corrupción termina envuelto en un conflicto que lo inmoviliza justo cuando debe intervenir en un expediente clave
El episodio también reaviva críticas sobre el modo en que se administran los acuerdos, las designaciones y las prórrogas dentro de la Justicia. La comparación con otros casos recientes muestra un sistema capaz de actuar con rapidez para unos y con extrema lentitud para otros
La AFA y el otro frente judicial
En paralelo, otro expediente sensible quedó en el centro de la escena: la investigación sobre la propiedad de una megamansión en Pilar y la discusión sobre cuál es la sede real de la AFA. La Cámara de Casación debe decidir si corresponde tramitar el caso en Campana o en la sede histórica de Viamonte, una definición que puede cambiar por completo el juez competente
Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino buscan que la causa quede en manos del juzgado federal de Campana. Del otro lado, la actual jueza de la causa aparece con un más sólido. En ese marco, surgieron cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en la Cámara de Casación y sobre la cercanía de algunos magistrados con el poder del fútbol
La escena general es la de una Justicia tensionada por intereses cruzados, con jueces, dirigentes y funcionarios orbitando sobre los mismos espacios de influencia. En ese clima, cualquier decisión deja de leerse solo en clave jurídica y pasa a medirse también por sus efectos políticos
Lo que está en juego no es solo la situación personal de un juez ni la competencia de un expediente. Es la confianza en un sistema que, cuando tarda demasiado en definirse, termina debilitándose a sí mismo