La estrategia judicial impulsada por los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino terminó de consolidarse: la causa que investiga la compra de la mansión de Pilar y sus desprendimientos volverá, en breve, al juzgado de Campana que buscaban los presuntos testaferros y dirigentes de la entidad

El juez Adrián González Charvay lo anticipaba desde que le quitaron el expediente: la causa terminaría regresando a su órbita. Durante estos dos meses no hubo avances sustantivos y el expediente quedó atrapado en una pelea de competencia, con cambios de criterio entre magistrados y pocos movimientos de fondo

Una disputa que empezó en diciembre

El conflicto se activó el 29 de diciembre, pocas horas después de que se conociera una maniobra para desviar fondos de la AFA en el exterior mediante la firma TourProdEnter, con sede en Miami. Al día siguiente, González Charvay pidió apartar al juez Marcelo Aguinsky, que avanzaba con medidas de prueba. La meta era que la revisión quedara en la Cámara Federal de San Martín

Desde entonces, el juez de Campana buscó atraer otras causas sensibles vinculadas al universo de la AFA, como si armara una megacausa. Entre ellas, absorbió un expediente que estaba en manos del juez federal Luis Armella, ligado a los allanamientos en la causa del empresario Javier Faroni y en sedes de la entidad, donde aparecieron contratos con TourProdEnter

También tomó la causa de Santiago del Estero, donde el fiscal Pedro Simón había pedido las detenciones de Claudio Tapia y Pablo Toviggino y había examinado el entramado societario del tesorero de la AFA

El expediente que quedó afuera

La investigación que se mantiene al margen de esa concentración es la que tramitan la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario, a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Allí se concentran las pruebas llegadas desde Estados Unidos: más de 3000 páginas con decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su esposa, Erica Gillette

En junio, la maniobra sufrió un revés cuando la Cámara en lo Penal Económico le quitó el expediente a González Charvay y se lo entregó a la jueza María Verónica Straccia, que luego lo delegó en el fiscal Claudio Navas Rial. El fallo ordenaba un traspaso urgente, pero eso no se concretó. Además, cuestionó la falta de impulso del juez de Campana durante los primeros meses de trámite

En ese período, González Charvay dispuso pericias contables, pero no avanzó sobre los principales directivos de la AFA. Tampoco citó a Luciano Pantano ni a Ana Conte, señalados como presuntos testaferros. Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio remarcaron que todavía no se había producido un avance procesal relevante ni medidas que marcaran un salto sustancial en la investigación

Pruebas omitidas y un teléfono anulado

En mayo se habían difundido imágenes que vinculaban a Toviggino con la mansión y mostraban un presunto plan para borrar rastros. Sin embargo, esas pruebas no fueron incorporadas al expediente, ni se investigó ese supuesto borrado ni a sus autores

En cambio, el juez de Campana anuló como prueba un pendrive con el contenido del celular de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Pablo Toviggino. Ese teléfono había arrojado chats, documentos y videos con fajos de dólares

Miami, la preocupación más grande

La decisión de Casación de derivar otra vez la definición de competencia a la Cámara de San Martín era esperable. Para los abogados que siguen el caso, el problema real está afuera. La causa que tramita en Miami se mantiene bajo estricta reserva, sobre todo después de la filtración de una citación a un testigo que no se presentó

La divulgación pública de esa citación generó fuerte malestar entre los fiscales, que habían pedido confidencialidad extrema para avanzar sin exposición. En los tribunales de Miami crece la versión de que ese testigo sería Leandro Petersen, exresponsable comercial y de Marketing de la AFA, aunque él lo niega. Petersen renunció a su cargo y luego se mostró junto a Lionel Scaloni en España

También trascendió que sus abogados podrían negociar un acuerdo con la fiscalía. Si eso ocurre, Tapia y Toviggino quedarían expuestos a una investigación que busca determinar si hubo delitos bajo jurisdicción estadounidense, incluido lavado de activos mediante un presunto fraude bancario para desviar fondos de la AFA hacia terceros a través de contratos irregulares y facturación apócrifa

Mientras tanto, en la AFA predomina el silencio público. Pero en privado, el dato que más inquieta es que la definición del caso no depende solo de los tribunales: también pasa por la política