El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires declaró la emergencia en la actividad de comercialización y reparación de celulares usados por 90 días, con el objetivo de cortar los circuitos de reventa de equipos robados en locales habilitados del territorio porteño
La decisión fue formalizada por decreto y combina controles extraordinarios, suspensión de nuevas habilitaciones y la puesta en marcha de un sistema de trazabilidad para equipos, partes y repuestos
Controles más duros
Durante la emergencia, los comercios deberán acreditar el origen legítimo de cada teléfono, componente o repuesto que tengan en su poder o a la venta. La Agencia Gubernamental de Control y el Ministerio de Seguridad porteño realizarán operativos coordinados en los puntos considerados de mayor riesgo
La AGC podrá clausurar de manera inmediata los locales que no logren demostrar la procedencia legal de los productos
Cuatro zonas bajo intervención
La primera etapa alcanzará a Retiro-Microcentro, Balvanera-Once, Liniers-Límite Oeste y Chacarita-Villa Crespo. La selección de esas áreas se apoyó en la concentración de delitos e infracciones vinculadas con la actividad, los secuestros y recuperos de equipos, las denuncias y los operativos previos
En esas zonas quedarán suspendidos el inicio y la tramitación de nuevas autorizaciones para el rubro, las transferencias de habilitaciones existentes y las ampliaciones de superficie o actividad destinadas a la venta o reparación de teléfonos usados
El mensaje político
Jorge Macri sostuvo que la medida apunta a enfrentar lo que definió como una red mafiosa dedicada al robo, desarme y reventa de celulares. También advirtió que en las zonas de alta criticidad no se autorizarán nuevos locales del sector mientras dure la emergencia
El ministro de Seguridad porteño, Gabino Tapia, también reforzó el mensaje oficial al señalar que los controles sobre los comercios de usados se endurecerán y que el negocio de la reventa quedó bajo la mira
Parte de un plan más amplio
La administración porteña enmarcó esta decisión dentro de una serie de acciones de ordenamiento urbano y seguridad que viene desplegando desde diciembre de 2023, entre ellas desalojos de vendedores ambulantes, operativos en límites y centros de transporte, recuperación de propiedades usurpadas y controles sobre nuevas construcciones en distintos barrios