La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para concentrar en el juzgado federal de Campana las causas en las que está involucrada por presunto fraude y lavado de dinero

La decisión resolvió los conflictos de competencia relacionados con investigaciones contra dirigentes de la AFA y el empresario Javier Faroni, vinculado con una empresa que cobraba en el exterior dividendos de la organización presidida por Claudio “Chiqui” Tapia

Los expedientes seguirán en distintos juzgados

El máximo tribunal puso fin a un año de discusiones que demoraron el avance del caso. La AFA había buscado trasladar las actuaciones desde Comodoro Py 2002 hacia la justicia federal de Campana, donde interviene el juez Adrián González Charvay

Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó la unificación de las denuncias por el presunto manejo irregular de fondos en el exterior. El procurador general Eduardo Casal había respaldado esa posibilidad en su dictamen

Uno de los expedientes permanecerá en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional a cargo de Paula Petazzi. Allí se investiga una denuncia por presunta administración fraudulenta presentada por el empresario Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven, firma que había tenido un contrato con la AFA para organizar partidos amistosos de la selección argentina

Dos conflictos de competencia

Uno de los planteos se originó cuando González Charvay concentró en su juzgado una investigación por presunto lavado de activos relacionada con la propiedad de una quinta de Villa Rosa, en Pilar. El magistrado pidió que Petazzi dejara de intervenir en la denuncia por administración fraudulenta

El segundo incidente estuvo relacionado con una denuncia de Tofoni contra dirigentes de la AFA por presunto balance falso. El Juzgado Penal Económico 8 y Petazzi habían rechazado intervenir en ese planteo

La jurisprudencia establece que, si se comprobara la existencia de un balance falso, ese hecho podría integrar una misma maniobra de administración fraudulenta. Por esa razón, el análisis corresponde al fuero penal ordinario

La investigación continúa abierta