La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó temporalmente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a continuar con las deportaciones de inmigrantes hacia países distintos de aquellos de los que son ciudadanos
El tribunal dejó en suspenso una resolución de un juzgado federal de Massachusetts y fijó para diciembre la audiencia en la que revisará el alcance de esta política
El Gobierno defiende la reactivación de la medida
James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), afirmó que la política de deportaciones a terceros países vuelve a estar vigente
El funcionario consideró que la decisión representa un revés para los inmigrantes con antecedentes penales y para los grupos que promueven una política migratoria de fronteras abiertas. También señaló que todavía existe la posibilidad de recibir US$3000 y un pasaje de regreso
La discusión que llegará al máximo tribunal
La Corte Suprema suspendió una orden que obligaba a garantizar a los inmigrantes una oportunidad efectiva para exponer posibles riesgos de tortura o persecución antes de ser trasladados
En diciembre, los jueces deberán determinar si el procedimiento se ajusta a la legislación federal, en particular al artículo 8 U.S.C. §1231(b), y a las garantías del debido proceso
Traslados y reclamos de ciudadanos cubanos
La medida ya alcanzó a ciudadanos cubanos residentes en el sur de Florida, algunos de los cuales fueron enviados a países africanos
Cubanos trasladados a Guinea Ecuatorial denunciaron que permanecen alojados en un hotel, sin acceso a abogados ni atención médica y con restricciones para desplazarse
Abogados y especialistas cuestionan la confiabilidad de las garantías ofrecidas por los países receptores. Entre los Estados vinculados a estos acuerdos aparecen México, Sudán del Sur, Eswatini, Ruanda, El Salvador y Liberia
Una autorización todavía provisoria
La decisión de la Corte Suprema no resuelve el caso de manera definitiva. La administración del presidente Donald Trump podrá continuar enviando a algunas personas a terceros países mientras el tribunal analiza el expediente
La política se aplica a quienes no pueden ser devueltos a su país de origen porque ese gobierno no los acepta o porque existen alegaciones creíbles de tortura u otros daños